Editorial / MAYO 14 DE 2022

Rumbo a la tumba

Cualquiera sea el salvavidas económico que les tiren a los hospitales quindianos evitará, por ahora, el cierre inmediato, pero no les quitará esa espada de Damocles que pende sobre ellos llamada EPS. 
 

Rumbo a la tumba

Ojalá que alguna de las mágicas propuestas y sesudos análisis del candidato que sea elegido por los colombianos como presidente de la República sirva para sacar de cuidados intensivos a tantos hospitales públicos del país. Pasan y pasan los años, pasan y pasan los gobiernos y nadie parece interesado en intervenir ese nefasto modelo de negocios que está sumando miles de millones de pesos en carteras incobrables de las IPS públicas y privadas con las entidades promotoras de servicios de salud. 

El gerente del hospital departamental universitario del Quindío San Juan de Dios, acaba de asegurar que a unos $60.000 millones asciende la carretera morosa de las EPS liquidadas. Esa platica, como suelen decir en los tinteaderos, se perdió. Por ahora, el San Juan de Dios está bien de salud financiera pero el riesgo ya ronda la avenida Bolívar con calle 17 norte de Armenia. No hay hospital o clínica que pueda sostenerse cuando sus ingresos dependen de la venta de servicios a entidades promotoras de servicios de salud que pagan cuando les da la gana, lo que les da la gana y como les da la gana. 

Sí, la ley 100 de salud provocó un paso hacia adelante sin precedentes en materia de beneficiados de salud en el país. Una vez entró en funcionamiento la norma en 1993 la cobertura pasó de no más de 30 % a casi el 100 % de los habitantes del país, quienes reciben salud subsidiada en su mayoría por el Estado. Eso no se puede desconocer e injusto es satanizar la ley 100 por la corrupción e ineficiencia en empresas promotoras de los servicios de salud. Pero algo se tiene que hacer, y ya, la situación es insostenible. 

Se siguen liquidando EPS que al cabo de varios meses e incluso años de reclamaciones por parte de hospitales y clínicas responden, sin inmutarse, que no tienen con qué pagar. Y no pasa nada. El ejecutivo y el legislativo parecen como espectadores de un partido de tenis, moviendo la cabeza de izquierda a derecha desde la comodidad de sus asientos mientras en la cancha hospitales, clínicas y usuarios luchan por sobrevivir. Hagan algo, a la cobertura hay que sumarle oportunidad y calidad en el servicio. 

Al hospital de Quimbaya las EPS liquidadas le quedaron debiendo $1.500 millones, que equivale al 25 % del total del presupuesto anual del Sagrado Corazón de Jesús; al Roberto Quintero Villa le quedaron debiendo $2.100 millones entre dos EPS liquidadas (Salud Vida y Medimás), dinero que nunca va a entrar al presupuesto del hospital montenegrino; al Hospital Mental de Filandia las liquidadas EPS ya no le pagarán $10.000 millones; al Pío X de La Tebaida le adeudan $4.000 incobrables millones; la lista es larga y a la misma de noqueados por las EPS hay que agregar La Misericordia de Calarcá, el San Vicente de Paúl de Salento, el Santa Ana de Pijao, etc. 

Urge una reforma, no para retroceder con lo avanzado por la ley 100, sino para erradicar la ineficiencia y corrupción en las EPS, liquidar de una vez por todas las que han sido mal manejadas y replantear las reglas de juego, para que las empresas promotoras del servicio de salud ganen y sean viables, pero sin llevar a la tumba instituciones prestadoras de los servicios de salud y usuarios, como viene ocurriendo.

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