Uno de cada cuatro hogares

Uno de cada cuatro hogares colombianos vive en déficit habitacional. La Defensoría del Pueblo dio a conocer la cifra con motivo del Día Mundial del Hábitat, que se celebra hoy lunes 5 de octubre. Según el informe, en 2025, el 25,6 % de los 18,9 millones de hogares del país, más de 4,8 millones, carecía de una vivienda adecuada.

No obstante, solo el 6,3 % del total de hogares requiere una vivienda nueva; el 19,3 % habita viviendas con carencias en servicios públicos, pisos o hacinamiento. Tres de cada cuatro hogares en déficit, por tanto, no necesitan otro techo: necesitan uno mejor. Una política que mide su éxito por unidades entregadas atiende la menor parte del problema.

Un sondeo realizado con 18 oficinas regionales de la Defensoría sobre los asentamientos humanos de origen informal reveló que predominan los levantados sobre predios privados, lo que entorpece la legalización y la formalización de la tenencia, y que más de la mitad se encuentra en zonas expuestas a amenazas. La entidad atribuye ese panorama a déficits acumulados en ordenamiento territorial, producción de suelo urbanizable, planificación del crecimiento y gestión del riesgo.

La brecha adquiere otra dimensión entre las víctimas del desplazamiento forzado: en el primer semestre de 2025 se registraron 156.132, de las cuales el 51,4 % eran mujeres y el 35,5 %, niñas, niños y adolescentes. Para esa población, el techo no basta sin seguridad, servicios públicos y medios de vida.

La Defensoría plantea una agenda precisa: suelo seguro y bien localizado, garantías de tenencia, prevención de desalojos forzosos, protección de derechos en los traslados por riesgo y participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre su territorio. Pide, además, valorar la producción social del hábitat, incorporar enfoques de género, étnico, territorial, diferencial e interseccional, y desterrar del lenguaje oficial rótulos como “ilegales” o “informales”, impropios para quienes son, ante todo, titulares de derechos.

Esa hoja de ruta encuentra en los planes de ordenamiento territorial su instrumento natural. En las ciudades intermedias, uno de los focos de las indagaciones de la Defensoría, y en particular en el Quindío, cañadas y pendientes convierten cada decisión sobre el suelo en una decisión sobre el riesgo. Allí los municipios pueden empezar por inventarios actualizados de asentamientos y zonas de amenaza, programas de mejoramiento que ataquen el déficit cualitativo y una oferta de suelo urbanizable que se anticipe al crecimiento. Cerrar la brecha requiere barrios mejorados, planificados y concertados con quienes los habitan.