Opinión / OCTUBRE 20 DE 2022

Charreteras de paz

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Una vez el presidente teniente general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder, aupado por dirigentes de los partidos tradicionales (en junio de 1953), ofreció una amnistía a quienes se habían levantado en armas en los Llanos Orientales, con garantías de respeto por la vida y ofrecimiento de ayudas.

Entre el 9 de septiembre y el 21 de octubre de 1953, entregaron las armas y se desmovilizaron 1.470 guerrilleros (según el coronel Alfonso Saiz Montoya, jefe civil y militar de los Llanos Orientales); sin embargo, el escritor Arturo Alape sostiene que fueron 3.540 en los Llanos y 6.500 en todo el país.  

Con respecto de estas guerrillas es preciso recordar que, entre 1948 y 1953, en los Llanos actuaron grupos armados irregulares, los cuales fueron el resultado de gobiernos excluyentes que dieron tratamiento de enemigos mortales a los miembros del partido opositor y fomentaron la acción de tales grupos y de policías políticas ‘Popol’. Todo ello hizo que se convulsionaran áreas extensas; principalmente, del Casanare, Meta y Arauca.  

Estas guerrillas no integraron un movimiento unitario organizado, sino que estuvieron constituidas por comandos independientes con relativa autonomía y diferencias en algunos aspectos, pero todas interesadas en la defensa del Llano frente a la agresión conservadora. Durante casi un lustro, algunas haciendas y cultivos extensos fueron abandonados y el comercio estancado, se compraba o vendía muy poco. En pocos meses, se alzaron grupos armados contra el gobierno conservador. De la noche a la mañana, comenzaron a proceder como guerrillas y sus jefes adoptaron grados militares que, además de darles mando y autoridad, los acercaron a la leyenda.   

En particular, a comienzos de 1950, Eliseo ‘Cheito’ Velásquez abandonó su negocio de transporte fluvial y convulsionó haciendas, puertos y poblaciones; asaltó puestos de policía; y promovió la resistencia naciente que se enfrentaba con las armas al gobierno conservador. Lo imitaron los hermanos Bautista, Fonseca y Chaparro; Guadalupe Salcedo; el cabo desertor Dumar Aljure; el expolicía Jorge González; el hacendado boyacense Eduardo Franco; y otros que impusieron su ley en el extenso territorio oriental. 

Como en más de cinco años, los dirigentes belicosos de los partidos fueron incapaces de alcanzar la paz, les tocó a los hombres encargados de hacer la guerra (siempre bajo órdenes) mostrar su disposición para lograr acuerdos. Así, el gobierno del general Rojas atendió el clamor de una comisión de llaneros que manifestaron su aspiración de buscar fórmulas de reconciliación.  

Este proceso no estuvo enmarcado en una negociación política, sino de amnistía generalizada. El comandante de las Fuerzas Militares, general Alfredo Duarte Blum, apoyado en un equipo de oficiales y suboficiales, logró desmovilizar diez estructuras armadas de la mano de los líderes insurgentes, tarea que generó admiración en Colombia y en el exterior. Era la primera vez que un militar activo recibía ‘en formación’ a los guerrilleros, como gesto de reconciliación y compromiso con la paz ofrecida por el gobierno militar. No en vano, Anna Kipper, periodista de la Agencia Francesa de Prensa, quien cubrió el proceso, diría: “Colombia es un país único, aquí son los militares los que hacen la paz y los civiles los que hacen la guerra”. 


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