Opinión / NOVIEMBRE 29 DE 2022

Criminalidad, política y administración pública

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La captura del exsacerdote Darío Ospina Marín, quien lideraba el sanedrín de la gobernación del Quindío, durante el gobierno del también exsacerdote Carlos Eduardo Osorio Buriticá, sindicado de direccionar varios contratos de infraestructura, para empresas fachadas, de John Freddy Zapata Garzón, alias ‘Messi’, jefe de finanzas del Grupo Armado Organizado -GAO- Clan del Golfo, dedicado al narcotráfico, sicariato y extorsión; deja en evidencia las denuncias que sobre la presencia de este tipo de estructuras criminales hizo en su momento la exdefensora del Pueblo en el Quindío, Luis Fernanda León, a través de las alertas tempranas, pero que infortunadamente las autoridades del departamento no solo le restaron importancia, sino que las desvirtuaron sin hacer la más mínima valoración y análisis a esas revelaciones. Los presuntos delitos cometidos por Ospina Marín, a juicio de la fiscalía general, están relacionados con enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos, al parecer por sus presuntos nexos con alias ‘Messi’, quien fue capturado en Filandia, Quindío y condenado a 12 años de prisión. Este episodio que involucra directamente a la administración pública del departamento, debe ser mirado con atención por las autoridades, organismos del estado, los gremios, la academia y los partidos políticos; pues desde hace algunos años se menciona en voz baja la influencia de narcotraficantes, paramilitares y jefes de grupos y bandas criminales en campañas políticas, a cambio de “favores” para blanquear capitales del narcotráfico, asunto que podría ser verdad si tenemos en cuenta las cantidades enormes de dinero que se invierten en ciertas campañas políticas. Si la fiscalía general logra demostrar los nexos de Ospina Marín con el Clan del Golfo, estaríamos en el peor de los escenarios políticos del Quindío, pues cómo entender una alianza criminal con temibles delincuentes de alguien tan cercano al exgobernador Osorio Buriticá, que claramente influía en algunas tomas de decisiones en secretarías, institutos descentralizados, y que le hablaba al oído al mandatario en temas relevantes y altamente sensibles, como la contratación y el componente social. En los años recientes el departamento del Quindío ha sido protagonista de escándalos de corrupción administrativa en todas las formas punitivas posibles; faltaba eso sí, el ingrediente aquel, relacionado con grupos armados organizados y delincuenciales, para barnizar con lo más perverso las dinámicas políticas y de la gestión pública. Las autoridades tienen que aceptar las nuevas realidades sociales en el departamento, no pueden seguir negando la presencia de esas estructuras criminales, no pueden insistir en que los homicidios y sicariatos son hechos aislados, cuando evidentemente se trata de violentos enfrentamientos de grupos delincuenciales por mantener la dominación en algunos territorios. Pero también los partidos políticos tienen que revisar la forma en que entregan los avales a candidatos que posteriormente se ven envueltos en escándalos de corrupción administrativa, y después guardan un extraño y cómplice silencio, no se atreven a emitir juicios de valor, no censuran, no proscriben de sus directorios a quienes han incurrido en probados casos de corrupción, no se pronuncian, ni fijan posiciones; critican por lo bajo, pero no actúan. Nos está acorralando la corrupción y la doble moral. 


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