Opinión / ENERO 20 DE 2022

Discapacidad institucional

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En diciembre pasado el  Dane  informó que en Colombia viven 34.091 personas en situación de calle —16% extranjero—. Población cuyo número está creciendo de manera permanente, según el mismo organismo estatal. En detalle, el censo de esa población revela que nueve de cada 10 personas son hombres y que cuatro de cada 10 no cuenta con ningún apoyo institucional. Además, el grupo de edad más representativo dentro del total de desamparados está entre los 24 y los 34 años.  

El informe revela, según lo manifestado por los censados, que dentro de las razones que los ha llevado a estar viviendo en situación de calle, la principal es el consumo de sustancias sicoactivas seguido por los conflictos o dificultades familiares. También se esgrimen razones de gusto personal y dificultades económicas.  

Esta población, aparte de sufrir las inclemencias del desabrigo, orfandad y dureza del suelo citadino, más de la mitad reporta haber sido víctima de insultos, golpes y amenazas ciudadanas, pero más grave: que un 69.3 % de los huérfanos sociales haya sufrido abuso policial, como lo manifiestan ellos; además, por la misma dinámica de consumo de sustancias sicoactivas, el 32 % dice haber sido víctima de persecución por integrantes de una de las tantas “ollas” donde adquieren las sustancias de las que son dependientes.  

Preocupa que para estos ciudadanos la indolencia e incomprensión social e institucional de su condición, los condene a sumirse aún más en la invalidez mental y social de la que son sujetos, peor aún, que muchos ciudadanos los considere merecedores del sufrimiento que conlleva la exclusión y el desamparo. Para estas personas no se espera compasión, se requiere comprender que un 40 % de ellos padece un trastorno por uso de drogas y que un poco más del 30 % es víctima de algún conflicto familiar, probablemente porque sufre algún trastorno asociado a un comportamiento adverso no diagnosticado.  

O sea, la mayoría —el 70 %— de las personas que viven en situación de calle sufren la degradación de su integridad y dignidad no por decisión propia, voluntad o capricho; sufren el desahucio social e institucional por algún trastorno que lleva a la exclusión familiar, esta última probablemente asociada a una particularidad neurológica o mental no diagnosticada; por lo tanto, sin diagnóstico ni tratamiento, tampoco acompañamiento familiar profesional, con desenlace en exclusión y ruptura con su núcleo afectivo y emocional. En conclusión, el problema no son las personas en situación de calle, es la incapacidad social e institucional en tratar un asunto que es de índole sanitaria mental.  


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