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Opinión / MAYO 29 DE 2024

Gobierno y congreso, viciados

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Todo acto legislativo, toda reforma a la Carta Magna, toda iniciativa del gobierno Petro en el Congreso, está viciada de corrupción, luego de las revelaciones, con fuerza probatoria, de coautores arrepentidos, sobre graves delitos que involucran las ramas legislativa y ejecutiva. Si las altas cortes, revestidas de poder constitucional, cumplen con su deber, deberían detener todo intento de vulnerar la estructura jurídica del país por parte de la delincuencia puesta hoy día al descubierto. Cualquier otro proceder validaría al delito flagrante como aportante habilitado, protagónico, de nuestro sistema jurídico-político. ¿Reforma pensional, laboral, a la salud, entre otras, con sello de ilegitimidad, patrocinadas por sobornos, extraídos de las mismas arcas públicas, robadas a la sed de nuestra niñez guajira? Inconcebible. Aún en nuestra tropical democracia, plagada de baches, de grietas enormes, no cabe en la mente tamaña ignominia. 

Resulta muy difícil entender cómo, desde las mismas cámaras legislativas, desde el mismo Gobierno, no se asume y se expresa tal realidad. La contundencia de los hechos parecen rebasar la capacidad de respuesta de las instituciones, parece cegar y enmudecer a quienes correspondería iniciar y llevar, no solo investigaciones, no solo indagaciones, sino acciones concretas que salvaguarden la integridad de la Nación. 

¿Por qué el silencio cómplice de la Fiscalía, institución llamada a la reacción inmediata, a todas luces y hasta el día de hoy envuelta en un silencio inexplicable, en una quietud que aterra, mal augurio para una ciudadanía expectante, esperanzada en la lealtad funcional de la justicia?

Esperar que las cabezas del Senado y la Cámara, de la Comisión de acusaciones, se pronuncien, que hagan claridad en este torbellino de sombras, es desde luego inútil. Ellos mismos aparecen como beneficiarios directos e intermediarios, en la trama de corrupción más grave que a este nivel se recuerde. ¡Ojo! Y no se trata de los “míseros” cuatro mil millones de las maletas entregados a los citados. Óiganse y léanse bien las declaraciones de Olmedo López: por lo menos, en cuanto atañe a la UNGRD, una entre incontables fuentes de cash con incierto destino, la cifra en suspenso es cercana a los 250 mil millones de pesos. No intento reducir a fríos dígitos la monstruosa cifra, manejada por el “cónclave”, nombre dado por el exdirector de la entidad a la organización criminal de altísimo nivel, responsable de las tétricas transacciones. No cabe en mentes del común ni en calculadoras de mano. 

Y cómo no, tanto López como Pinilla, dejan por fuera de toda intervención al presidente. Quieren, tal como en el caso Samper, Proceso 8000, hacernos creer que todo ocurrió a espaldas e ignorancia del primer mandatario. En coro con el difunto Horacio Serpa, por desgracia cómplice del elefante intruso en la Casa de Nariño, quienes algo de sensatez y sentido común nos queda, tendremos que gritar con furor, ¡mamola! A los Petristas sin seso ni discernimiento, dejémosles la absolución a su comandante; el común de los colombianos, no alienados, sabemos bien cómo funciona esa mente perversa, formada en la escuela del crimen y el terror. 

No tardarán en salir a la luz nuevos escándalos de los cuales no saldrá bien librado Gustavo Petro. Por lo pronto, el contrato entre Ecopetrol -caja mayor del régimen- y el proveedor de servicios de transporte en helicópteros, con un monto que ridiculiza los de la UNGRD, en el cual saltan a la vista irregularidades y evidente favorecimiento, promete ser otra punta del monstruoso témpano flotante de la corrupción marca Petro. 

Es el común denominador de los gobiernos de izquierda: corrupción desbordada, constituyentes a la medida de sus apetitos de poder, medidas populistas para acallar inconformes, compra de apoyos y conciencias, gabelas y concesiones a la delincuencia, golpes de difícil reparación al sistema económico, shows mediáticos… todo un surtido de medidas y acciones erosivas en contra de la democracia y de la pacífica convivencia.
 


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