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Opinión / MAYO 15 DE 2024

Histeria presidencial

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En teoría y práctica democrática, en regímenes presidenciales, para la elección de funcionarios públicos, es de ley que los partidos políticos vigentes en la ocasión, cumpliendo normas y protocolos obligantes para todos, entre estas, la contabilidad de origen-destino de recursos, los límites de gastos electorales, frenos aplicados al desborde indiscriminado de dineros y fuentes oscuras, presenten los nombres de sus candidatos a consideración del electorado, previa inscripción del respectivo plan de gobierno. Es obvio el sentido del bloque normativo: garantizar procesos electorales transparentes, sujetos a la Constitución, a la ley, y en igualdad de condiciones. No olvidar un pequeño gran detalle: Es el Estado, en última instancia, quien asume gran parte del costo de las campañas, a través de la reposición de recursos invertidos en estas, a los partidos políticos.

Hasta ahí todo se enmarca en una lógica democrática irreprochable. ¿Dónde se inician los “torcidos” del proceso entre la elección y el ejercicio de los cargos? Veamos la normal ocurrencia en el más alto nivel político, desde luego replicable en departamentos y municipios: el presidente electo y su círculo próximo de asesores, analizada la composición del Congreso en sus dos cámaras y la correlación de fuerzas con tendencias ideológicas afines o de oposición al ejecutivo, conforman la llamada coalición de gobierno, alcanzando acuerdos entre partidos o con fracciones de estos, de acuerdo a “negociaciones” que incluyen cargos, entidades, macroproyectos, otorgados por el ejecutivo a cambio de apoyo parlamentario a sus iniciativas legislativas. He ahí el origen de cuanta corruptela existe en Colombia. Los agraciados por los acuerdos toman posesión de cargos ministeriales o de niveles subalternos, de entidades completas -es “normal” escuchar que tal o cual congresista o grupo de estos son los “dueños” del Sena, del Icbf, de la Dian, etc., etc.-, que a fulano “le dieron” una vía, una concesión, a sutano, tal o cual contrato, todo a cambio de votos en el Congreso.

El actual gobierno, no obstante sus ínfulas de “cambio”, no se sustrae del abominable libreto. Al contrario. A la vista están patéticos ejemplos: los pataleos de Benedetti, al reclamar que lo concedido a él no corresponde con el compromiso, el contento de Roy Barreras con su embajada y otras adendas, o la satisfacción del bloque parlamentario “comprado” en efectivo con lo robado a través de la UNGRD. La lista es interminable y el dichoso “cambio”, del todo inexistente. En la realidad somos cogobernados por una banda de indeseables. Quizás la novedad consista en las entregas masivas en cash a los congresistas corruptos. Jamás se habían visto prácticas delictivas flagrantes y de amplio espectro como las expuestas por los ex directivos de la entidad a la justicia. Ahora, recordemos que lo divulgado hasta hoy corresponde apenas a una fracción relativamente pequeña de los recursos asignados a la entidad. Falta información sobre el manejo y destino final de cientos de miles de millones, tanto de la UNGRD como de incontables dependencias y entidades a cargo del presupuesto nacional.

Si a lo anterior se añade el pliego de cargos formulados por la autoridad electoral, respecto a la comprobada violación de topes en la pasada campaña presidencial -sin contar aún la millonada de la precampaña, con dineros cuya certeza y origen conoce muy bien el extorsionista que funge como embajador en la FAO-, es explicable el pánico, la histeria personal del presidente y del colectivo que apersona. La constitución es clarísima. El presidente, la vice, y buen número de congresistas del pacto “histérico” tambalean. Bien puede el terrorista nunca arrepentido, devenido a primer mandatario, denostar contra jueces, magistrados; bien puede azuzar desde los micrófonos a primeras y segundas líneas, convocar al “pueblo” a la rebelión, bien puede desautorizar o desmovilizar a la fuerza pública ordenándole incumplir sus funciones. Cada acto impropio de sus funciones constitucionales y de su investidura, revertirá en contra de sus pretensiones de dictador. Los colombianos, al momento de decidir, sabremos escoger el bando de la dignidad y la legalidad.
 


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