Opinión / AGOSTO 15 DE 2022

La salud es un derecho

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El artículo 49 de la CN garantiza el derecho a la salud y manifiesta “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”. Se concluye palmariamente que es obligación del gobierno cumplir este mandato y sin exclusión alguna, por ejemplo, entre ruralidad o área urbana, barrial, veredal. Cada vida es igual de importante a otra y tiene el mismo derecho y obligación a cargo de quien preste esos servicios, que obviamente lo harán en nombre del Estado colombiano.

De ahí que no se entienda, como en este servicio público y como en otros, que su prestación se mire como un negocio, que debe tener rentabilidad o sostenibilidad, pues los impuestos de todos van a invertirse en las prioridades de los ciudadanos solo importando el cumplimiento de la función, en este caso preservar la vida y el “…acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.”, tal como lo expresa la Constitución Nacional. Por eso han convertido la prestación de los servicios esenciales en un negocio en el que todos los particulares quieren participar, pues ellos buscan es la rentabilidad, violando principios de equidad y la misma humanidad para preservar la vida digna para todos.

Por ello no se entiende ni comparte el cierre de los hospitales de los municipios del Quindío o estar varios en cuidados intensivos; el de Pijao esta en la mira de la liquidación. Y lo peor es que al parecer es con la voluntad de la administración departamental. En 2014 se presentó un documento titulado “Programa de reorganizacion, rediseño y modernizacion de las redes de prestación de servicios de salud del departamento del Quindío”, que al justificar por “…calidad, oportunidad, accesibilidad, eficiencia y efectividad de la atención en salud…”, hablan del establecimiento de subredes, y presentado por el secretario de Salud.

Por lo corto de este espacio diré que proponen con seis hospitales de municipios “Estudio de la situación actual y propuesta de liquidación de la ESE…”, en los que están Pijao, Buenavista, Córdoba entre otros. Y la respuesta del director de prestación de servicios y atención primaria del orden nacional, mediante oficio el 13 de junio de 2014, acepta, y expresa en relación con la ESE Santa Ana “Elaboración da la propuesta de justificación de la liquidación de la ESE, con el cumplimiento de todos los procesos técnicos y administrativos requeridos para adelantar este proceso liquidatorio”. Y así lo dice respecto de los otros seis en las mismas condiciones.

No nos podemos llamar a engaño, mientras los ciudadanos luchan por salvar sus hospitales locales, el gobierno ordena sus cierres. Sería bueno conocer la alternativa para que los ciudadanos de los municipios tengan garantizado el derecho a la salud, desde sus predios alejados en la montaña, con carreteras intransitables, con distancia de horas para llegar a las cabeceras. Y que decir el derecho a la salud preventiva que tienen todos los seres humanos.

Ojalá en este nuevo paradigma gubernamental, se pueda corregir lo que a todas luces parece más, una restricción de la inversión en salud, que una garantía para los ciudadanos de las ESES que están liquidando.


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