Opinión / OCTUBRE 27 DE 2022

La torta esperada

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

La crisis obliga al país a protegerse mucho más el 2023. Se enfrentará a una historia repetida por años: no se ven líderes actuales de partidos, tampoco viejos, interesados en poner fin al abuso de los dineros públicos de regalías. Hay otros que ni se dan por enterados. Hay ejemplos claros y son muchos, pero todo sigue igual. Aprobar en los Ocad que gobernadores y alcaldes presenten y aprueben proyectos a municipios, sin tener los medios apropiados para hacerlo, contratando la ejecución por convenios interadministrativos con entidades públicas al margen del Estatuto General de Contratación, nunca garantizará un trabajo ético ni una selección clara; solo continuarán desconociendo los principios de la transparencia. Resultado: obras posiblemente inconclusas, continúa la ruleta.

La torta esperada: Regalías $31.3 billones, más presupuesto de 2023: $405.6 billones, no es cualquier monto. El país está en campaña de elecciones territoriales 2023, con lo que aumenta el apetito por esa torta y el riesgo; los dineros terminarán como siempre en maniobras políticas de gobernadores y alcaldes. Pasará, otra vez, a ser una gran fuente de ingresos a regiones a convertirse en la torta que miran patrocinadores de candidatos y los congresistas, fingiendo un supuesto esfuerzo por sus municipios o regiones, cuando lo que buscan es recuperar poder, porque ahí está la otra gran porción de dineros públicos para manejarlos a su antojo y poder triunfar con sus objetivos personales.

La duda sobre la política pública de explotación de recursos mineros obliga, por ética, ejercer un especial control, pues no se sabe cómo hará el gobierno para no perder más dineros. La ciudadanía ya pregunta: cuáles serán los procedimientos que ejercerá el gobierno para evitar que parte de ese billonario monto termine como el Ocad-Paz del gobierno anterior (que afectó a municipios del PDET) o en las redes corruptas, los carteles de la contratación y en obras inconclusas. Según la Contraloría, hasta junio de 2018, existen 1.578 hallazgos con efecto fiscal, mayores a $3 billones. Como acaban las finanzas y un pueblo con hambre. Increíble.

Ese manoseo político con las regalías, ajustando la constitución a su antojo y a través de convenios político se debe acabar. Con la reforma 2019, que le dio confianza a gobernadores y alcaldes para presentar proyectos, sumado a la disminución de los OCAD, el resultado fue otro fracaso.  Ante el riesgo de repetir la historia de robos, obliga ajustar el acto legislativo 05/2019 o la Ley 2056 de 2020 que reglamenta las regalías; mientras se autoricen convenios con entidades públicas que no obligue cumplir el Estatuto General de Contratación, como Telecafé y similares, el abuso no se acabará, seguirá la corrupción y se viciarán las elecciones locales. Si no paran, será peor. ¿Hasta cuándo así?


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