Opinión / SEPTIEMBRE 14 DE 2021

Observatorios del delito y seguridad ciudadana

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Es indudable que la seguridad es determinante para la tranquilidad de los ciudadanos, por eso tener la percepción de estar seguros es un imperativo para las personas, porque influye de forma significativa en su calidad de vida, pues es generadora de confianza y afecta en gran medida las dinámicas sociales, económicas, la competitividad, el turismo el uso del espacio público y la armonía territorial; de allí la importancia de analizar el crecimiento exponencial de la delincuencia y la violencia en los últimos años como consecuencia de la pandemia y la constante llegada de ciudadanos extranjeros al Quindío, lo que ha acelerado el índice de percepción de inseguridad. Pero más allá de observar estadísticas, resultados, eficacia y contundencia policial, es necesario comprender que, lo que comúnmente se entiende como percepción de inseguridad, no es otra cosa que, una construcción social, resultante de la alteración que la delincuencia y la violencia producen en las personas y sus actividades cotidianas; de tal manera que, el crimen, la violencia y el temor de las gentes se convierten en grandes distorsionadores de la institucionalidad, del desarrollo social y económico de cada territorio. Si bien es cierto que la política criminal, la seguridad ciudadana y la lucha contra las diferentes formas delincuenciales son responsabilidad del gobierno nacional, hay que entender que, la aplicación de modelos y estrategias para combatirlas se articulan desde los departamentos y municipios, por lo que deben ser prioridad en la agenda pública de gobernadores y alcaldes, ellos tienen que pensar más en la prevención de la delincuencia y el mejoramiento de la seguridad ciudadana, a través de enfoques integrales, en coordinación con los organismos del estado, con acompañamiento de la comunidad y el apoyo de los medios de comunicación. Los mandatarios locales y las autoridades deben ser consecuentes con la actual situación de inseguridad, y reconocer que se requiere urgentemente la implementación de los observatorios del delito, que les permita conocer más a fondo los fenómenos delictivos en la región. En virtud a los niveles exponenciales de criminalidad en el departamento, no hay espacio para egoísmos, ni vanidades, por lo que el gobernador Roberto Jairo Jaramillo y los alcaldes, en especial de Armenia, José Manuel Ríos, y de Calarcá, Luis Alberto Balsero, deben articular y poner en marcha los observatorios del delito, teniendo en cuenta que son sistemas de vigilancia sociológica, que utilizan información georreferenciada, que es monitoreada y compartida con otras instituciones como la Fiscalía, la Policía y medicina legal, la cual es de gran utilidad en el diseño de estrategias de intervención para disminuir la criminalidad; indudablemente son instrumentos altamente eficientes y pertinentes para combatir todas las formas criminales y violentas que impactan a éste departamento. No hay excusas para rechazar la creación y activación de los observatorios del delito, pues requieren bajo presupuesto para su operatividad, con posibilidades de grandes resultados que fortalezcan la seguridad y convivencia ciudadanas, porque permite el seguimiento, evaluación, diseño y formulación de una política pública criminal, para frenar las manifestaciones delictivas como el microtráfico, hurtos, homicidios, raponazos, atracos, intimidación y agresiones.  


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