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Opinión / ABRIL 12 DE 2024

Política o civismo

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Asombra la forma como personas o entidades, con intereses distintos al objetivo concreto de una idea de interés general, echan mano de argumentos que ofenden el buen criterio y la lógica, con egoísmo y mezquindad, por encima del bien común. Quienes acuden a falacias y sofismas para desvirtuar una propuesta, gestión o actividad buscando beneficios personales, políticos o económicos, los más comunes, hacen uso de las redes informáticas para echar a volar sus argumentos; y no faltan incautos que los acojan y les den credibilidad.

Los funcionarios que desempeñan altos cargos del Estado, en un régimen democrático, son elegidos por sectores políticamente afines, pero una vez investidos de sus dignidades, cuando han jurado cumplir la Constitución y las Leyes de la Nación, tienen la obligación de gobernar en bien de toda la comunidad, sin exclusiones de ninguna naturaleza; y menos obrando en forma proclive para castigar a sectores que no les fueron favorables en las urnas. Esa conducta es propia de personajes indignos del cargo que desempeñan y merece ser castigada, hasta con la destitución del titular, si el daño causado lo amerita. Daño que se agrava cuando los uncidos con el poder escogen para desempeñar funciones de alta responsabilidad en asuntos socialmente sensibles, a individuos ética, laboral y profesionalmente ineptos, o indignos.

El pueblo es superior a sus dirigentes. Cuando un gobernante procede de forma perversa, y quienes deben controlarlo no lo hacen, por venales o incapaces, y alguien lidera la expresión popular para manifestarse y reclamar, se impone la sentencia latina según la cual, si la ley es dura, pero es la ley, el interés general es superior a la ley: Salus populi suprema lex.

Es ostensible la mediocridad con que se viene gobernando a Colombia y la incapacidad del poder legislativo y de los organismos de control, politizados o “untados”, para impedirlo, de espaldas al bien colectivo. “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, dice el refranero, y en Colombia comienzan a pronunciarse voces que convocan a la reflexión e invitan a la comunidad a actuar para defender sus derechos, así los voceros del “todopoderoso” proclamen que lo que se pretende hacer para defenderse de los abusos oficiales es ilegal, o favorece intereses elitistas, argumento recurrente del populismo, que plantea desangrar el Estado repartiendo limosnas, hasta la ruina total de las arcas oficiales; y echando mano de fondos de destinación específica, manejados por entidades que se han caracterizado por su eficiencia y buen criterio, con óptimos resultados sociales. Esos bienes, que son patrimonio colectivo, en manos de un gobierno populista, con aspiraciones políticas, más allá del período conquistado, inexorablemente llevan al país a la ruina.

El sacudón propuesto por la “vaca” antioqueña debe apoyarse, así el aporte sea mínimo, y replicar en otras regiones, porque a los ciudadanos se les respeta.


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