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Opinión / JUNIO 21 DE 2024

Por una ley estatutaria conveniente

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El hundimiento de la ley estatutaria de educación es tan lamentable como los hechos que provocaron este revés. Es una pena para el país no lograr conciliar entre los legisladores un texto que reuniera las voces del sistema, y que ninguna de las dos ponencias que aparecieron ya sobre el final del tiempo para aprobación en el Congreso hubieran llegado a buen puerto. Sobre la hora final llegó un no para el proyecto de ley y las decisiones de la mesa directiva privilegiaron la reforma laboral.

El buen ánimo por una ley estatutaria que iba a considerar la educación como un derecho fundamental sucumbió a pulsos políticos. Poco le ayudó a este proyecto la débil socialización en las regiones y ahora habrá que comenzar de cero. Tendrá entonces el Gobierno Nacional que recoger el proyecto radicado, juntarlo con los reparos de Fecode y ciudadanos e insistir en un nuevo texto de ley para radicar en la secretaría del legislativo y que, ojalá, considere, entre otras, las sugerencias del Sistema Universitario Estatal.

En ese sentido, es necesario entender que el derecho fundamental a la educación, regularlo y fijar las condiciones y obligaciones para su protección, debe ser el sustento de la nueva ley estatutaria de educación con la cual vamos a resultar beneficiados todos los colombianos. Es decir, cohesionar la naturaleza e innegable necesidad de regular ese derecho, con la sensatez y realidad en el manejo presupuestal.

Por eso, para garantizar la sostenibilidad del sistema en el futuro y el éxito de una eventual nueva ley estatutaria, más allá de la lógica propuesta ministerial sobre una implementación gradual, es necesario tener certeza sobre las acciones del gobierno nacional en materia presupuestal para que con recursos de la nación se hagan realidad las aspiraciones plasmadas en el texto improbado en el Congreso y en el nuevo proyecto que habrá de llevarse al recinto de las leyes para estudio y trámite. En esa nueva discusión tendrán que ver, a futuro, los ajustes a la Ley 30 o su nueva elaboración según la dinámica que se vaya a dar.

Se debe, entonces, tener presente que es necesario un sistema educativo mixto, abierto, pluralista, abierto, descentralizado y participativo, como estaba considerado en el proyecto de ley se hundió. Solo así será posible que se construya un borrador integral que efectivamente convenga y tenga en el centro a todos los actores de la sociedad. Es incuestionable, por tanto, que se procure por el bienestar y la dignificación de la labor docente, que la formación integral sea real, que el cierre de brechas en materia educativa no sea un enunciado más. 

En suma, la posibilidad de una nueva propuesta que concite a la sociedad y actores políticos alrededor de un servicio público que tenga realmente función social, apalancado por elementos reglamentarios que garanticen su financiamiento en todos los niveles educativos, podría ser la ruta que logre un nuevo sistema educativo nacional que entrañe el disfrute de este derecho fundamental en términos de calidad.


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