Opinión / NOVIEMBRE 10 DE 2022

¿Quién cuida a quién?

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Aunque el país votó por un juego limpio, sorprende el destape de actividades ilícitas conocidas en la S.A.E.: arriendos de $ 4.000, fincas avaluadas en $100.000, lote Unicentro $35.000, las nóminas paralelas; los vacíos legales siguen sin tocarse, lo que facilita violar el estatuto de contratación y los convenios. Resultó inútil el espacio de los 12 meses para renunciar y no Inhabilitarse para ser alcalde o gobernador, eso no es juego limpio, al contrario, permitirá ampliar la corrupción. Sumado todo al engaño de gobernadores y alcaldes que, terminando sus gobiernos, piden créditos cuando su destino es hacer política. Ni qué decir de la ineficiencia de las contralorías, la poca cultura ciudadana para hacer control y la ausencia de veedores públicos con valor civil; además de otras razones como los problemas del exterior que afectarán a sectores productivos con daños sociales y fiscales. Todo lo anterior, lo que hace es que el camino que le espera al país en el 2023 sea muy duro. La débil estructura del país, sin corregir, facilita y hace posible que sigan las actividades ilícitas para satisfacción de los vividores o atenidos que juegan, como siempre, con los dineros públicos ¿hasta cuándo así?

Las elecciones territoriales 2023 y la lucha por sostener el poder o recuperar el mando, muy seguramente, contarán con la presencia y aspiraciones de líderes o profesionales que fingen ser líderes cuando son puros oportunistas o comodines, tal como lo muestra la historia; en unos casos, ocultando lo que los atormenta, y en otros patrocinando lo malo para tapar su imagen, para que no impida llegar a su meta de ser elegido alcalde, gobernador, diputado o concejal en su territorio.

El aspirar y ser elegido como colombiano es un derecho que no se le niega a nadie, sueño que es más grato cuando el juego es limpio. Pero, lo que se vio es un afán de funcionarios públicos que renunciaron a sus cargos para no inhabilitarse, pero, antes nombraron a sus amigos en puestos, firmaron infinidad de contratos públicos y personales; pactaron con su jefe, alcalde o gobernador y otros líderes concejales o diputados semejantes cruces de favores, sin control, para, a futuro, estar rodeados de dineros públicos o del presupuesto del país: regalías y $20 billones de reforma tributaria. Mientras tanto, un pueblo con hambre y desempleo, más corrupción. El pueblo se pregunta: ¿Será que este tipo de aspirantes que comprometieron dineros públicos son prenda de garantía y ética profesional? 

Si el país votó por un cambio, sorprende cómo parte de la sociedad guarda silencio, tolera actuaciones ilegales, poco les importa ver sin piso jurídico las veedurías que sin dinero no pueden actuar ni controlar los recursos. Mal hacen al aceptar ese juego sucio de ver renunciar funcionarios con poder y aspirar luego a algún un cargo; renunciar un año antes no es ético, aunque sea legal. Hay ejemplos que muestran que no es limpia esa elección ni es el tiempo ideal y con los billones que volarán por Colombia en el 2023 solo queda preguntarse: ¿Quién cuida a quién?


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