Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.
Para nadie es un secreto que la impunidad de las conductas humanas ha llevado a las condiciones de corrupción en nuestra sociedad. Esa impunidad no solo se predica de las decisiones de los jueces, sino también de los organismos de control, pues en lo público los servidores y funcionarios (contratistas incluidos) tienen responsabilidad de carácter fiscal, disciplinario y penal entre otras. Debemos hacer reformas a las instituciones para corregir, pero aprender de las lecciones del pasado y el presente.
Lo primero es ver si el problema está en las personas o el procedimiento (partiendo qué normas sustanciales hay suficientes), en los instrumentos, en la inmediatez o las virtualidad, pero el análisis no debe ser global ni proselitista, cada órgano como está concebido cumple una función para la prevención y sanción, así como para lograr la eficiencia de la inversión de los recursos de la hacienda y el control de quienes los administran, al fin y al cabo son los dineros de todos los colombianos habiten o no esta tierra.
La reforma a la procuraduría anunciada debería evaluar si es necesario o no su participación en los procesos penales, teniendo en cuenta que la judicatura tiene su propio organismo para encargarse de la disciplina de los intervinientes en el proceso, dada la aplicación del régimen acusatorio anglosajón. Pero evaluarse la actuación preventiva en el caso de la elección popular, por dar un ejemplo gobernadores y alcaldes han sido sancionados con destitución, recurren al contencioso administrativo y al pronunciarse la autoridad ratifica o decide la legalidad de tal acto administrativo sancionatorio, se compulsan las copias a la justicia penal y nunca se lleva a cabo el juicio, y no pasa nada. Solo queda la sanción de la procuraduría como sanción real.
En el evento de la contraloría general de la república, es la responsable de las acciones tendientes a evitar el mal uso o abuso de los recursos públicos, es un órgano de control que en el cual se debatió durante décadas si su error radicaba en que existían contralorías con un funcionario como cabeza desplegada en las regiones, se aprobaron cuerpos colegiados, imponen las sanciones pertinentes y compulsar copias a las demás, pero nos quejamos de que su efectividad no es la que necesita el país.
Y qué decir de la crítica a la rama judicial por las prescripciones de las investigaciones, la lentitud de las actuaciones y lo laxo de algunas decisiones que permiten que desde las cárceles y los hospitales a los delincuentes seguir cometiendo delitos.
Pero mientras las reformas se hagan para que el ejecutivo participe en elección los órganos de control, y la politiquería siga permeando estos órganos de control y juzgamiento, no puede esperarse una cumplida, recta y eficiente acción de la ellas. Por eso se ha venido sosteniendo que los órganos de control deben estar en manos de la oposición, una prueba de este remedo de solución son los órganos de control interno de muchas instituciones, donde en la práctica no se ve la eficiencia y el resultado en el verdadero control de muchas entidades.
