Opinión / JULIO 01 DE 2022

Verdades que duelen

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Mi abuela intentaba preservar la economía doméstica a toda costa. Zurcía camisas, reciclaba alimentos, rendía los líquidos limpiadores, El Patojito, y rebajaba un poco la masa de las arepas. Éramos pobres y vivíamos en medio del fragor de una economía de guerra en ese momento, cuando la finca de Bohemia ya no producía lo esperado. 

Mi abuelo poseía la tierra, unas pocas cuadras, pero el banco no entregaba los créditos para cultivar en temporada, y los acreedores se lanzaban, como lobos hambrientos, sobre ese hombre sereno.

Un abogado liberal de Calarcá, de aquellos que reciben su cartón como una franquicia para asaltar la buena fe, le ofreció a Manuel comprarle la casa donde vivíamos. Le ofertó un monto a pagar representado en unas cédulas del Banco Central Hipotecario. Eran los papeles, según el sujeto, redimibles de inmediato. No pasó así.

Mis abuelos perdieron su casa y su pequeña finca. La Caja Agraria nunca desembolsó el crédito y el banco no liquidó las cédulas financieras, como era la promesa. 

Las ciudades se convirtieron, de muchas maneras, en el refugio pero también en el escenario de desarraigo de millones de desplazados por la violencia o por las condiciones hostiles de un Estado perfilado como contrario.

El informe sobre nuestras violencias de la Comisión de la Verdad, presentado por el padre Francisco de Roux y sus compañeros, es un documento histórico y valiente, toda vez que descubre ante los ojos, indolentes, las cabezas de una hidra de crueldades.

Al mismo tiempo, de las muchas variables casuísticas, sobresale una en el informe que llama mi atención. El decimonónico asunto de la propiedad de la tierra, que nunca resolvimos a pesar de los discursos de López Pumarejo, Gaitán, Lleras Restrepo y Luis Carlos Galán.

La tenencia de la tierra es un tema intocado por los intereses involucrados y por la saña, en su defensa violenta, de algunos terratenientes poseedores. En los pasados decenios, por ejemplo, ellos mismos han estigmatizado hasta la elaboración de un catastro multipropósito, que bien nos diría como regular la tributación y el estado actual de la acumulación legal de baldíos.

En el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de Las FARC se propuso la asignación de 3 millones de hectáreas para los campesinos, acción a la que se oponen, a sangre y fuego, las fuerzas del establecimiento.

Un documento reseñado por la Comisión de la Verdad expone que en Colombia apenas el 1 % de las fincas de mayor extensión ocupaban, en el 2017, el 8 1% de la tierra. El 42.7 % de los propietarios no sabían el origen legal de sus terrenos y que las mujeres solo poseen titularidad sobre el 26 % de las tierras. Un millón de hogares rurales vivían en menos espacio del dispuesto para el pastoreo de una vaca.

La tierra, ayer y hoy, es piedra angular de nuestros conflictos. Y la verdad hay que decirla, así nos cause la urticaria tradicional. Ojalá no genere, como siempre, más muertes y desolación.
 


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