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Pérez y Bedoya respaldan el ajuste fiscal y lo atribuyen al gasto de gobiernos anteriores. Grisales lo llama una reforma tributaria que favorece a los más ricos.

El proyecto de Ley de Rescate Económico que el Gobierno nacional radicó en el Congreso busca estabilizar las finanzas del país. Los tres representantes a la Cámara por el Quindío coinciden en una preocupación: el posible aumento del IVA a productos de la canasta familiar, que golpearía el bolsillo de los trabajadores y de la clase media.

Más allá de ese punto, sus posiciones se dividen. John Édgar Pérez Rojas y Jesús Armando Bedoya Rodríguez consideran que el país necesita el ajuste por el gasto excesivo de los gobiernos anteriores. Miguel Ángel Grisales Suárez lo rechaza: a su juicio, es una reforma tributaria que golpea en especial a los campesinos.

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“Una herencia de malas decisiones”

Pérez Rojas, representante de Cambio Radical, pidió analizar el proyecto con argumentos técnicos y no populistas, pero explicados de forma que la gente los entienda.

Según el congresista, hay consenso en que el país atraviesa una situación fiscal muy compleja, al borde de la quiebra, y en que esta es la herencia de malas decisiones de los últimos gobiernos: los ingresos de la Nación no alcanzaron para cubrir los gastos.

“Mes a mes, el país no recaudó lo suficiente y tuvo que acudir a la deuda pública. El Gobierno anterior se endeudó a tasas de interés insostenibles y, en lugar de buscar un Estado equilibrado y menos costoso, se dedicó a crear un ministerio inoperante como el de la Igualdad, consulados y otros cargos por decreto”, afirmó.

Pérez Rojas pidió calma frente a los puntos más polémicos: “Los aspectos que generan controversia, sobre todo los que le meten la mano al bolsillo de la clase media, vienen en todas las reformas tributarias. Los gobiernos saben que no se aprueba todo lo que se radica”.

Entre lo positivo destacó el ajuste del Estado: “Colombia no tiene cómo sostener un Estado tan grande. Es importante que se piense en reducir la burocracia, ajustar las entidades que tienen funciones duplicadas y mostrar ahorro en el gasto”.

Entre lo preocupante, señaló: “Llama la atención el aumento del IVA a algunos productos, bienes y servicios de la canasta familiar. También preocupa que se busque financiación en la salud de forma tan agresiva, con el aumento de las cotizaciones de los trabajadores y el IVA a los planes de medicina prepagada, lo que desincentiva la afiliación. Ampliar la base de contribuyentes es importante, pero el rango propuesto golpea con fuerza a los trabajadores de menores ingresos”.

 

“La responsabilidad es la gente”

Bedoya Rodríguez, representante del Centro Democrático, ve en el proyecto un intento del Gobierno por salvar las finanzas públicas, aunque advirtió que hay que ajustarlo para no afectar a la población.

“Este es un momento coyuntural que no podemos ignorar. El país debe revisar sus cuentas y su capacidad de gasto, y eso llevó al Gobierno a presentarle al Congreso un proyecto de salvamento”, dijo.

El congresista atribuyó parte del problema a la contratación del último semestre del año pasado: “Esto toca muchos renglones de la economía. Según los informes de la Procuraduría y de los mismos ministerios, hubo una contratación desbordada: el número de contratos de prestación de servicios fue desproporcionado frente a la capacidad del Estado”.

Agregó que su bancada actuará con moderación: “Nuestra responsabilidad es la gente, y eso significa, ante todo, cuidar el bolsillo de las familias, en especial de los sectores vulnerables, del campo y de la economía primaria”.

Y explicó el riesgo: “El costo de vida en Colombia es alto y la economía está frágil. Si subimos el precio de los productos básicos de la canasta familiar, cae el consumo, se reduce el gasto y se genera incertidumbre para la pequeña y mediana industria”.

Sobre el Quindío, advirtió que la medida afectaría la calidad de vida en una economía agrícola, agroturística y turística: “Sugerimos analizar varios artículos del proyecto y revisar a fondo este aumento del impuesto. Hay productos que quisiéramos que no fueran gravados y otros que podrían gravarse de forma moderada”.

“No es un rescate, es una reforma tributaria”

Grisales Suárez, representante del Pacto Histórico, cuestionó el nombre y el fondo de la iniciativa.

“Lo que llaman Ley de Rescate Económico es una reforma tributaria que no rescata a la gente, sino a los más ricos de Colombia. Miren la contradicción: si el país de verdad está quebrado, ¿por qué la reforma les baja el impuesto de renta a las grandes empresas del 35 % al 31 %? ¿Por qué le pone fecha de vencimiento al impuesto al patrimonio de los más ricos?”, planteó.

Y agregó: “Si falta plata, no se debería regalar. Mientras tanto, desde la vigencia 2028 el plátano, las frutas, las verduras, el fríjol, la sal y hasta los abonos del campo pagarían 19 % de IVA. Aquí, en el Quindío, eso lo paga el campesino y la familia que hace mercado en la plaza”.

El congresista enumeró otros efectos: “Más trabajadores van a pagar renta y el empleo formal se encarece. Además, el proyecto le pide al presidente facultades por seis meses para cerrar ministerios y eliminar empleos por decreto, sin el debate del Congreso”.

Para cerrar, recordó una contradicción: “Hace apenas unos meses, este mismo Gobierno rechazó una reforma tributaria porque no se le podía pasar el costo a los colombianos, y hoy hace exactamente eso. Esta reforma es un castigo para nuestra región, y en plena crisis posterremoto es peor. Vamos a defender en el Congreso, artículo por artículo, que el rescate debe recaer sobre quienes más tienen”.

 Lo que propone el proyecto

El Gobierno nacional radicó el jueves 29 de octubre la Ley de Rescate Económico. El proyecto busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y evitar una crisis económica.

Según la propuesta, el Estado asumiría el 70 % del ajuste fiscal. Para eso plantea reducir el 50 % de los contratos de prestación de servicios, recortar el 20 % del gasto de funcionamiento y darle facultades al presidente para reorganizar, fusionar o suprimir entidades y vender activos públicos.

Según el Ministerio de Hacienda, con la ley dos de cada tres colombianos mejorarían su ingreso: “Hoy los más pobres pagan IVA en los productos que compran, un impuesto injusto para quienes menos ingresos tienen. En promedio, un hogar de bajos recursos paga $138.000 mensuales de IVA por sus compras”.

El proyecto crea un mecanismo para devolverles la totalidad del IVA a 19 millones de personas, que recibirían en promedio $231.000 mensuales. Otros 16,5 millones de personas recibirían una devolución de hasta el 50 %. Además, según la cartera, el mecanismo garantizará un monto mínimo a los más vulnerables, aun si no presentan factura.

El dinero llegará directamente a la cuenta del beneficiario en un máximo de 15 días; quien no tenga cuenta lo recibirá por giro postal. La Dian calculará la devolución con base en la factura electrónica, así que pedir la factura con el número de cédula será la llave para recibirla.

La devolución empezará a regir en 2028, pero el Gobierno hará un giro anticipado: el primer pago llegaría a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Quienes hoy reciben la compensación del IVA la seguirán recibiendo sin interrupción hasta que pasen al nuevo sistema.