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Fondos de inversión norteamericanos radicaron una acción judicial en Nueva York acusando al empresario de estructurar un fraude millonario con la cartera de la fintech FinSocial.

El entorno empresarial y político colombiano enfrenta un nuevo remezón de alcance internacional. El empresario y excandidato a la Presidencia de Colombia, Santiago Botero Jaramillo, popularmente conocido como “Balín”, afronta una severa demanda civil radicada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La firma gestora de inversiones Christofferson Robb & Company (CRC) señala al exaspirante presidencial y a sus socios de haber ejecutado una sofisticada trama de presunto fraude. La acción judicial busca una indemnización no inferior a los 150 millones de dólares para compensar los vacíos financieros generados en fondos de capital privado y entidades públicas de pensiones en Estados Unidos.

El conflicto judicial tiene su origen en la adquisición de la fintech colombiana FinSocial S.A.S., una firma dedicada a la originación de créditos digitales para pensionados y maestros del sector público. De acuerdo con el expediente, en julio de 2021 los inversores norteamericanos pagaron cerca de 36 millones de dólares por el 100 % de las acciones de la entidad. Sin embargo, la auditoría interna realizada años después reveló que los estados financieros entregados habrían ocultado un sobreprecio de 95 millones de dólares entre activos inflados, pasivos subestimados y cuentas por cobrar ficticias o previamente canceladas.

Las evidencias presentadas por la firma demandante señalan que mientras los documentos formales reportaban índices de morosidad entre el 1 % y el 2 %, la cartera real registraba un deterioro moroso cercano al 28 %. A esta irregularidad se suma un desembolso adicional por 19 millones de dólares otorgado como crédito puente antes de cerrar la transacción, cuyos recursos habrían sido desviados hacia empresas vinculadas al entorno personal del exdirigente en lugar de inyectarse como capital operativo para la generación de nuevos préstamos.

Transferencias millonarias y triangulación de capitales

Durante el periodo en que Botero se mantuvo como CEO de la compañía —rol que ejerció de forma ininterrumpida hasta septiembre de 2024—, los rastreos contables documentan el desvío de más de 54 millones de dólares desde las arcas de la fintech hacia un entramado de más de 40 sociedades comerciales. El expediente detalla desembolsos hacia empresas de bienes raíces, producción audiovisual, arrendamiento vehicular y firmas tecnológicas sin relación comercial directa con FinSocial, además de pagos con tarjetas de crédito de la firma para la adquisición de artículos de lujo, consumo en gastronomía de alta gama y viajes al exterior.

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La jurisdicción neoyorquina asumió el conocimiento del caso tras comprobarse el tránsito de capitales por el sistema bancario estadounidense. Múltiples transferencias de la compraventa y los créditos corporativos cruzaron por cuentas corresponsales en el Bank of New York Mellon, Citibank y Morgan Stanley. Parte de los recursos presuntamente sustraídos terminaron radicados en empresas offshore y sociedades domiciliadas en los estados de Delaware y Florida.

Afectación a fondos públicos y posición de la defensa

Entre los inversionistas afectados por el presunto esquema figura el Utah State Retirement Systems, fondo de pensiones público del estado de Utah, que participó en los préstamos corporativos canalizados por CRC. Además de las reclamaciones financieras en la corte federal, los demandantes solicitaron la imposición de un fideicomiso constructivo sobre propiedades de alto valor, colecciones de arte y bienes inmuebles adquiridos por el demandado en el sur de la Florida.

Frente a los señalamientos de la demanda, el empresario Santiago Botero ha calificado las acusaciones como una distorsión de los hechos y sostiene que las perdidas alegadas responden al desempeño propio del negocio. Asimismo, la defensa ha argumentado que todas las operaciones financieras de la compañía contaron con la aprobación formal de revisores fiscales y auditorías independientes. El caso continúa su desarrollo procesal mientras se resuelven los escritos iniciales en los estrados norteamericanos.