Asentamientos informales: ya son más de 100 en Armenia

Este jueves 6 de noviembre se llevó a cabo, en la Universidad Alexander von Humboldt, el foro Asentamientos humanos informales: una mirada integral y soluciones prácticas a este fenómeno urbano. En el evento, organizado por la Personería de Armenia, uno de los datos que llamó la atención, es que en la ciudad hay 121 asentamientos, comúnmente llamados invasiones.

El director del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia, Diego Fernando Ramírez Restrepo, destacó que, a partir de un trabajo de diagnóstico, se logró actualizar la cifra de asentamientos: “Ya no son 100, sino 121 asentamientos identificados en todo el municipio. De estos, 66 ya se encuentran georreferenciados y caracterizados, abarcando un total de 123 hectáreas, de las cuales 22 corresponden a suelos de riesgo urbano y 62 a suelos de protección ambiental”.

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En cuanto a la composición de estos sectores, se han identificado 3.500 predios y alrededor de 5.500 construcciones informales, que incluyen desde viviendas hasta edificaciones con usos mixtos.

Ramírez explicó que la cartografía anterior, elaborada en 2009, contaba con un nivel de detalle muy bajo, lo que dificultaba el análisis del territorio. Sin embargo, actualmente el municipio dispone de una cartografía aérea de alta precisión, herramienta que ha permitido al equipo técnico avanzar en la identificación y diagnóstico de asentamientos informales, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Tribunal Administrativo del Quindío.

Enfatizó que el objetivo principal de este trabajo es caracterizar y diagnosticar de manera integral todos los asentamientos, con el fin de comprender sus condiciones sociales, urbanísticas y ambientales, y de esta manera diseñar estrategias efectivas de intervención que permitan garantizar el derecho a la vivienda digna y mejorar la calidad de vida de las familias que los habitan.

Tres contextos de los asentamientos informales

Durante el foro, el director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Diego Fernando Ramírez Restrepo, explicó que la problemática de los asentamientos informales en Armenia no puede entenderse desde una sola causa, sino que responde a tres contextos fundamentales: histórico, cultural y jurídico, los cuales han determinado la forma en que la ciudad ha crecido y se ha transformado durante las últimas décadas.

Ramírez Restrepo señaló que el primer contexto es de carácter histórico, y está directamente relacionado con el terremoto de 1999, que generó una emergencia humanitaria sin precedentes en el municipio.

“El terremoto nos trajo una emergencia donde atender la situación era una prioridad. En ese momento lo urgente era dar refugio, no tanto ordenar el territorio. Así nacieron las aldeas temporales, que con el tiempo se convirtieron en asentamientos consolidados”, explicó el funcionario.

Estos espacios, creados inicialmente como soluciones transitorias para atender a las familias damnificadas, terminaron estableciéndose de manera permanente, dando origen a muchos de los barrios informales que hoy existen en la ciudad.

El desplazamiento forzado, otro factor determinante

El segundo contexto, agregó Ramírez, está ligado a la dinámica del conflicto armado interno que vivió el país especialmente entre los años 2000 y 2010. 

“El desplazamiento forzado también generó movimientos de población hacia Armenia. Muchas familias expulsadas por la violencia llegaron a zonas donde tenían algún vínculo o familiar, y ante la falta de vivienda, se asentaron en terrenos disponibles o periféricos”, señaló.

Esta situación derivó en una nueva ola de ocupaciones informales, particularmente en las laderas y zonas periféricas del municipio, donde las familias buscaron resistir y reconstruir su proyecto de vida.

Limitaciones del suelo urbano y especulación del mercado

“Un tercer componente es que desde el municipio se pensó en un plan de ordenamiento territorial con unos límites políticos muy definidos, pero con una amplia dificultad en suelo habitable o disponibilidad de suelo para el desarrollo de vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social”, dijo el funcionario.

Agregó que lo anterior hacía difícil, precisamente por la especulación del precio de la tierra en Armenia, que las poblaciones vulnerables accedieran a viviendas dignas a unos precios asequibles, lo que generó unos impactos socioeconómicos. “En este sentido unos asentamientos informales que por lo general las comunidades llevaban a cabo sobre los perímetros de los barrios y sobre las laderas”.

Personería reiteró la necesidad de una política pública

La personera municipal de Armenia, Juliana Victoria Ríos, hizo un llamado para consolidar una política pública integral que permita abordar de manera estructural el fenómeno de los asentamientos informales que persiste en la ciudad y afecta a miles de familias en situación de vulnerabilidad. 

Durante su intervención, Ríos explicó que, de acuerdo con información del Departamento Administrativo de Planeación, con corte a junio de 2025, en Armenia existen más de 100 ocupaciones informales, donde habitan 9.415 personas distribuidas en 3.278 viviendas. Estas cifras evidencian un crecimiento del fenómeno respecto a los 77 asentamientos identificados en informes anteriores.

La personera recordó que desde su posesión en 2017, la entidad ha venido realizando acciones preventivas y judiciales para garantizar derechos fundamentales como la vivienda digna, el ambiente sano y la seguridad de los habitantes de estos sectores.

Manifestó que Inicialmente, se acordó con las diferentes instituciones la suspensión temporal de los desalojos, mientras no existieran condiciones adecuadas para proteger los derechos de las familias, hasta que no se tuvieran precedentes constitucionales.

“Después de varios trabajos, el municipio expidió el Decreto 94 de 2023, que define una ruta para los procesos de restitución de bienes públicos ocupados irregularmente, ya que este decreto establece una ruta interinstitucional y asigna unas responsabilidades, no solamente a las dependencias o a las secretarías del municipio, sino a las entidades públicas para realizar los procesos de desalojo con acatamiento del precedente constitucional”, subrayó.

Aseveró que otro de los compromisos fue evitar la consolidación de nuevas invasiones a través de la acción preventiva por perturbación (artículo 81 de la ley 18 de 2016). “Esta norma lo que establece es que si recién se está generando una situación o un asentamiento, la Policía puede intervenir dentro de las 48 horas siguientes, demoler la construcción que se haya hecho y restablecer la posesión del predio a su propietario o a su procedido”.

Según la Secretaría de Gobierno, entre 2022 y 2024, se evitaron 216 invasiones gracias a la implementación de este mecanismo. 

Procesos judiciales y reubicaciones

Ríos destacó que la Personería ha intervenido en múltiples acciones judiciales que han derivado en órdenes de reubicación y restitución de viviendas en riesgo o asentamientos ilegales. Entre ellas, mencionó la sentencia 177 de 2015, que ordenó la compra de 10 viviendas por más de $1.600 millones, para reubicar familias del asentamiento Buenos Aires Bajo.

La personera enfatizó que los fallos judiciales han trazado una hoja de ruta clara: censar a las familias, reconocer sus derechos con enfoque diferencial y avanzar en planes de mitigación y reubicación. Sin embargo, advirtió que el desafío va más allá del cumplimiento de las órdenes judiciales.

“El reto colectivo es convertir estas órdenes judiciales en acciones de planeación y justicia social. Los recursos que el municipio ha invertido —más de $4.900 millones en el cumplimiento de solo dos fallos— podrían destinarse a soluciones integrales que atiendan a todas las comunidades afectadas, no solo a las que cuentan con sentencia”, sostuvo Ríos.

La funcionaria concluyó indicando que la Personería está convencida de que el camino para abordar esta situación es a través de una política pública clara y el fortalecimiento del control urbano por parte de cada una de las entidades territoriales.

Tribunal Administrativo del Quindío insta a actuar frente a los asentamientos ilegales

Durante el foro, la relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, Claudia Milena Vélez Ortiz, presentó una exposición basada en la sentencia 058 del 20 de marzo de 2025, emitida por dicho tribunal, en la que se aborda de manera central la problemática de los asentamientos ilegales o asentamientos humanos en el departamento.

Vélez Ortiz señaló que la sentencia advierte cómo la administración pública ha venido tolerando la ocupación indebida de bienes de uso público, lo cual vulnera derechos colectivos y fundamentales, además de poner en riesgo a las comunidades que habitan en zonas de alto riesgo.

En este sentido, enfatizó que el control estatal no debe limitarse únicamente a la búsqueda del bienestar de las personas involucradas, sino a prevenir nuevas ocupaciones en terrenos que pertenecen al interés general.

“El Tribunal determinó que para abordar de manera integral esta situación, deben articularse los esfuerzos entre entidades nacionales y locales. A nivel nacional, deberán participar el ministerio de Vivienda, el Departamento de Prosperidad Social y el ministerio de Hacienda; mientras que, a nivel local, están los municipios, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, las empresas públicas . entre otras, todas estas instituciones deberán trabajar de manera coordinada para mitigar el fenómeno de los asentamientos ilegales”, apuntó.

La sentencia establece plazos diferenciados para la ejecución de las medidas ordenadas: algunas deberán cumplirse en seis meses, otras en un año y las restantes en un periodo de hasta tres años. En una primera etapa, se deberá realizar un diagnóstico técnico, administrativo y financiero que permita caracterizar la población afectada e identificar las necesidades urgentes de las familias involucradas. 

Posteriormente, en el plazo de un año, las autoridades deberán definir si las personas serán reasentadas en otros lugares o si, de acuerdo con las condiciones del territorio y del suelo, podrán permanecer en el lugar actual, en cuyo caso se contemplará la posibilidad de legalizar los asentamientos bajo criterios de sostenibilidad y seguridad. 

“Con esta decisión, el Tribunal Administrativo del Quindío busca garantizar los derechos colectivos, prevenir nuevas ocupaciones irregulares y promover una gestión coordinada entre los distintos niveles del Estado para atender de manera estructural esta problemática social y territorial”, aseguró.