Concejo de Armenia prende las alarmas por incendios en asentamientos, este año van 3

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En el marco de un debate sobre la creciente problemática de incendios en la ciudad,
especialmente en los asentamientos informales, el concejal Juan Camilo Tabares Alzate dio a
conocer un diagnóstico preocupante sobre la situación en Armenia, señalando que en estos
puntos se concentra cerca del 90 % de las emergencias y que este año, en menos de 2 meses
se presentaron 3 de gran magnitud.

El cabildante destacó la precariedad de las viviendas construidas en materiales altamente
inflamables como la guadua, así como instalaciones eléctricas inadecuadas que, aunque no
son responsabilidad directa de la empresa de energía, sí inciden en la ocurrencia de incendios.

A esto se suma, según el concejal, una infraestructura limitada que agrava la emergencia: “Se
evidencia falta de hidrantes, dificultades de acceso para los organismos de socorro y una baja
cultura de prevención en la comunidad”.

Resaltó que las consecuencias de las emergencias presentadas han sido graves: pérdida de
viviendas, desplazamiento de familias y un aumento de la vulnerabilidad social en sectores ya
golpeados por la pobreza.

Tabares hizo un recuento de los incendios registrados en los últimos años, evidenciando la
recurrencia del fenómeno. Mencionó casos recientes en barrios como Nuevo Armenia, Pradito
Bajo y las Lomas de la Unión, así como otros eventos ocurridos en 2023, 2024 y 2025 en
distintos sectores de la ciudad.

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Subrayó: “Aunque muchos de estos asentamientos son considerados ilegales y se ubican en
zonas de alto riesgo, esto no exime a las autoridades de actuar. La responsabilidad no recae
únicamente en el Cuerpo de Bomberos, sino que es compartida entre la institucionalidad, el
sector privado y la comunidad, tal como lo establece la Ley 1575 de 2012”.

Asimismo, cuestionó la falta de articulación entre entidades como la Secretaría de Gobierno, la
Oficina de Gestión del Riesgo, Planeación Municipal y la empresa de energía.

Insistió en la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de los bomberos y replantear la
ubicación administrativa de la gestión del riesgo, proponiendo que esta tenga un nivel más alto
dentro de la estructura del gobierno local.

Uno de los puntos más críticos fue la ausencia de planificación urbana y control sobre las
invasiones. “La expansión de asentamientos informales responde, en gran medida, a la falta de
políticas efectivas de vivienda de interés social. Llevamos más de 20 años sin soluciones
reales, lo que empuja a muchas familias a ocupar terrenos de manera ilegal”, afirmó.

El concejal cerró su intervención con un llamado urgente de pasar de la reacción a la
prevención y propuso acciones concretas como la elaboración de un mapa de riesgos, la
instalación de redes de hidrantes, la capacitación comunitaria, el control de invasiones y la
formulación de un plan integral de emergencias.

Acciones y solicitud de corresponsabilidad

El secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, defendió las acciones
adelantadas por la administración municipal y enfatizó en la necesidad de una responsabilidad
compartida para enfrentar esta problemática.

Destacó que se ha avanzado en el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos como eje
central de la prevención y atención de emergencias en la ciudad. “Nuestro cuerpo de bomberos
ya cuenta con tres máquinas operativas en la estación Armenia y un nuevo carro bomba en
proceso de matrícula”.

Ramírez Hincapié explicó: “Este fortalecimiento institucional tuvo una inversión de más de
$10.000 millones que ha beneficiado a más de mil personas”, indicó.

Asimismo, anunció que para el presente año se proyecta una nueva inversión cercana a los
$12.000 millones, destinada tanto a dotación como al sostenimiento del servicio. “Tiene que ver
con dotación de botas certificadas, uniformes, equipos de comunicaciones, mantenimiento de
radios y antenas, cámaras de seguridad y otras condiciones necesarias para el servicio. El
fortalecimiento no solo es en infraestructura, sino en bienestar del personal”.

El secretario también resaltó el papel del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, instancia
que articula la respuesta institucional ante emergencias. “Está integrado por 64 instituciones
que tienen la función de reducir riesgos y atender emergencias”, explicó.

Añadió que se encuentra lista la actualización de la Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias 2.0, y están a la espera de su formalización mediante decreto.

Llamado a la ciudadanía

Uno de los puntos más enfáticos de la intervención del secretario de Gobierno fue el llamado a
la ciudadanía, pues aseguró que a partir de experiencias en terreno, evidenció
comportamientos que agravan el riesgo. “El día del incendio en Nuevo Armenia, mientras
entregábamos ayudas, encontramos a una persona quemando cable en una vivienda de
guadua con techo plástico, justo frente al lugar afectado”, relató.

Agregó: “Cuando se le hizo el llamado de atención, lo único que ganamos fue que nos
insultaran. Me tocó pedir apoyo de la Policía para que la persona dejara de hacer esa práctica.
Hay falta de conciencia frente al riesgo, por eso no hay que hablar solo de gestión del riesgo o
de bomberos, también es responsabilidad de los mismos ciudadanos, porque muchas prácticas
de los habitantes de estos lugares son las que generan las emergencias”, afirmó.

El funcionario recordó que los incendios recientes han dejado graves consecuencias sociales.
Mencionó que en el caso de Nuevo Armenia se vieron afectadas 76 familias, mientras que en
otro evento similar más de 24 hogares resultaron damnificados, presuntamente por el uso de
una veladora.

Dificultades y avances

Durante el debate sobre incendios en asentamientos subnormales, el director de la Oficina
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, Javier Vélez Gómez, explicó:

“Existe la estrategia municipal de respuesta a emergencias —documento actualizado
recientemente para ajustarse a nuevas normativas—, en la que se cobijan absolutamente todo
tipo de situaciones, no solo incendios”.

Afirmó que “el documento está terminado y estamos simplemente a la espera de la firma del
señor alcalde para que sea adoptado por decreto, lo que obligará a todas las instituciones a su
cumplimiento”.

No obstante, recalcó la dificultad para implementar acciones preventivas en asentamientos
subnormales. “Estas comunidades son supremamente complejas en el sentido de poder llegar
a ellas, pues las dinámicas económicas de sus habitantes limitan la participación en procesos
de capacitación”.

Complementó: “Si uno va a esta hora encuentra las casas cerradas con candado, porque son
familias que están en ventas ambulantes, ese es el modo de subsistencia de la mayoría. Esto
impide desarrollar procesos efectivos de formación, que son supremamente necesarios”.

Pese a estas dificultades, Vélez Gómez destacó iniciativas que han buscado fortalecer la
respuesta comunitaria como un proyecto basado en presupuestos participativos. “Entregamos
un proyecto tipo para que las comunidades priorizaran elementos como botiquines, camillas,
extintores y equipos de emergencia”, indicó.

El funcionario resaltó que algunas comunidades acogieron la propuesta. “En los sectores a los
que llegaban estos materiales, nosotros impartimos cursos de primeros auxilios y prevención de
incendios”.

El director alertó además sobre otros riesgos asociados a los asentamientos subnormales. “La
gran mayoría están ubicados en zonas de ladera, con problemas de deslizamientos y
propensos a colapsos estructurales en caso de lluvias intensas o sismos”.