Hasta el 11 de septiembre se suspenden términos y algunas audiencias por terremoto

La administración de justicia mantendrá suspendidos los términos judiciales y administrativos hasta el 11 de septiembre de 2026 en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La decisión fue adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura como parte de las medidas para atender los daños ocasionados por la emergencia.

La suspensión cobija los despachos judiciales y dependencias administrativas ubicados en municipios afectados de Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. También incluye a Puerto Boyacá y Puerto Salgar, en Cundinamarca.

La medida busca permitir que la Rama Judicial atienda las afectaciones en sus sedes y, al mismo tiempo, establezca mecanismos para mantener la prestación del servicio en los territorios donde las condiciones generadas por el sismo dificultan el funcionamiento normal de los despachos.

Reparto de actuaciones urgentes

Además de ampliar la suspensión de términos, el Consejo Superior de la Judicatura estableció medidas específicas para algunas actuaciones judiciales durante el periodo comprendido entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre.

Durante ese lapso se suspendió el reparto de acciones de tutela, solicitudes de habeas corpus y audiencias de control de garantías con personas privadas de la libertad a los despachos judiciales permanentes ubicados en los municipios afectados.

La Rama Judicial dispuso, además, de despachos de apoyo itinerantes para atender procesos provenientes de las zonas afectadas por la emergencia. Con esta estrategia se busca evitar que las dificultades de infraestructura impidan completamente la continuidad de la administración de justicia.

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La decisión se produce después de que el Consejo Superior de la Judicatura expidiera, el mismo 10 de agosto, el Acuerdo 12564, mediante el cual suspendió inicialmente los términos judiciales y administrativos en las zonas afectadas por el terremoto.

Dos días después, mediante el Acuerdo 12567, la corporación prorrogó la medida y estableció nuevas disposiciones para responder a las consecuencias de la emergencia.

$208.000 millones para recuperar la justicia

La respuesta de la Rama Judicial también contempla recursos económicos para recuperar las sedes afectadas y fortalecer las condiciones tecnológicas de los despachos.

En total, fueron destinados $208.000 millones para atender las necesidades más urgentes. De ese monto, $116.000 millones serán utilizados para reparar y adecuar las sedes judiciales afectadas, mientras que $92.000 millones estarán destinados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

El Consejo Superior de la Judicatura también suspendió las actividades académicas presenciales que estaban programadas y determinó que, cuando las condiciones lo permitan, estas se desarrollen de manera virtual.

Los recursos que inicialmente estaban destinados a esas actividades serán trasladados para apoyar las reparaciones, adecuaciones y puesta en funcionamiento de las sedes judiciales afectadas por el terremoto.

Urgencia manifiesta para acelerar las reparaciones

Otra de las decisiones anunciadas fue la declaratoria de urgencia manifiesta para la Rama Judicial. La medida permitirá a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a sus direcciones seccionales adelantar con mayor celeridad las contrataciones necesarias para reparar y recuperar las instalaciones afectadas.

Según explicó el Consejo Superior de la Judicatura, esta figura permitirá responder con mayor rapidez a las necesidades generadas por la emergencia y contribuirá a movilizar recursos en las regiones afectadas.

La atención no estará concentrada únicamente en la infraestructura. La Rama Judicial anunció acompañamiento psicosocial especializado y apoyo en salud mental para los servidores judiciales afectados y sus familias.

También se realizarán evaluaciones técnicas sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para identificar riesgos y establecer las medidas necesarias antes de retomar plenamente las actividades en las sedes afectadas.

Con estas medidas, la Rama Judicial busca recuperar progresivamente su capacidad operativa en los territorios afectados por el terremoto, mientras mantiene mecanismos de atención para las actuaciones que requieren respuesta durante la emergencia.