Autor : María Angélica Molina Martínez
Desde el viaje inaugural en 2008 el teleférico presentó fallas técnicas, desde entonces está detenido.
La inversión de la obra rondó los $2.000 millones.
El actual alcalde del municipio de Buenavista, Alexis Gómez Gómez, expresó que el teleférico de Buenavista, como varias obras en Colombia, careció de planificación, operó una sola vez, se convirtió en otro “elefante blanco” y ahora hay que gestionar recursos, pero para desmontarlo.
Aseguró la obra fue finalizada y cumplió con el “propósito contractual y constructivamente hablando”; sin embargo, nunca cumplió la función de transportar pasajeros ya que no cumplió con los requisitos del ministerio de Transporte ni con los de seguridad para la atención de eventualidades y emergencias y “requería de una atención helicoportada, la cual es muy costosa”.
El alcalde Gómez Gómez explicó que las condiciones técnicas que tiene el teleférico, tal como fue entregado, no garantizan la movilización de más de 100 personas al día, lo que lo convierte en un proyecto inviable.
“Hoy en día tenemos una evaluación muy seria, conjunta con la gobernación del Quindío, donde la decisión que se tomó en compañía de la Contraloría General de la República de acuerdo con la normatividad del decreto 2020, expedido por el gobierno nacional, es que vamos a desmontar el teleférico”.
Una vez se ejecute el desmonte, el ejecutivo municipal afirmó que van a seguir trabajando en la promoción de los atractivos con que cuenta Buenavista, como la riqueza natural, la calidad de los habitantes, la tranquilidad, la seguridad y el paisaje.
“Cuando llegué a la alcaldía en el año 2020 traje un experto privado que quería apostarle al teleférico, desmontando el teleférico actual, y montar un teleférico nuevo con otras dinámicas y concepciones” señaló Gómez Gómez. No obstante, explicó que con la llegada de la pandemia el proceso tuvo que ser detenido.
Aseguró que lo único que puede hacer antes de finalizar su periodo constitucional es dejar el teleférico desmontado. Es importante mencionar que esta operación tendrá un costo que sobrepasa los $700 millones, por lo cual se planteó una alternativa en articulación con el gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, de sacar a licitación la venta de la infraestructura, es decir, “recuperaríamos unos recursos y la persona que gane el proceso se encargaría del desmonte”.
Por otro lado, sobre la entrega de los kioscos en la plataforma de lanzamiento de las cabinas, construidas para labores comerciantes, avanza de forma lenta, pues el alcalde dijo que ha recibido alrededor de 10 propuestas para poner en funcionamiento los locales.
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¿Cómo inició el proyecto?
El actual alcalde de Buenavista recordó que el proyecto surgió en el año 2000, como una promesa innovadora para promover el turismo cordillerano. Durante el mandato de la gobernadora Amparo Arbeláez Escalante, 2004 – 2007, el proyecto avanzó, la inversión inicial ascendió a los $1.700 millones y los predios costaron $200 millones.
En el año 2008 el teleférico finalmente se puso a prueba, pero debido a diversas fallas técnicas que presentaba, la cabina quedó suspendida durante su trayecto inaugural y luego de hacer trabajos para poder bajar a las personas, el teleférico no volvió a ser puesto en funcionamiento.
Así pues, el alcalde Gómez Gómez contó que un particular realizó la evaluación de la infraestructura y “de manera verbal nos manifestó que había muchas falencias técnicas en la construcción del teleférico y que el cable que había allí no cumplía con los requerimientos exigidos por las entidades de transporte”.
Gobernadora destituida e inhabilitada
En octubre del 2011, la Procuraduría General de la Nación consideró que Amparo Arbeláez Escalante, cuando era gobernadora del Quindío, incurrió en fallas disciplinarias en la suscripción del contrato de investigación y adaptación tecnológica para un sistema de transporte por cable en el municipio de Buenavista.
El contrato investigado fue suscrito el día 29 de junio de 2007 entre la gobernación y la firma System & Techonologie Systech Ltda., por un valor de $1.642.700.
Las pruebas recaudadas indicaron que se vulneró el requisito de selección objetiva, consagrado en el estatuto de contratación y para ese tiempo la cuantía máxima para las contrataciones directas era de apenas $173 millones.
Adicionalmente, Arbeláez Escalante fue inhabilitada para ocupar cargos públicos durante 12 años, lo que obligó su salida del Senado, corporación a la que había llegado avalada por el partido Liberal.
Luis Ernesto Gil Cardozo, en calidad de secretario territorial de Infraestructura, y Liliana Patricia García Forero, directora del Departamento Jurídico en ese entonces, también fueron sancionados.
