Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.
La crisis del Estado no es solo la crisis del ejecutivo, es por igual, la crisis del Congreso de la justicia y de los partidos políticos. La crisis es total.
Sabíamos que la desmovilización de las FARC no traería consigo la solución de los problemas de Colombia. La guerrilla, entre tantos, era solo un molesto mosquito de las plagas endémicas, que picaba y picaba pero no pasaba de levantar una mortificante roncha. La guerra ―con sus miles de muertos, de viudas, de niños reclutados, de millones de desplazados― fue el mejor argumento de los gobiernos y la dirigencia nacional para ocultar los males del país. En contraste, la hipótesis que día a día se verifica en la realidad nacional es que no habrá paz mientras persistan el hambre, la pobreza, la inseguridad, la desigualdad. Y en tanto dichos ingredientes constituyen la sustancia del caldo donde a diario se cuece nuestra historia, la violencia fluye y refluye sin cesar, parafraseando al historiador Carlos M. Ortiz (Estado y subversión, 1985). Entonces ¿qué más cabe esperar sino la crítica, la condena y la rebelión, de los millones de colombianos sin vivienda, sin educación, sin salud, sin empleo ―y lo peor de todo― sin esperanzas y sin futuro? De una u otra forma, en un contexto hirviente por tantas décadas de crisis e injusticias, la protesta tiene que surgir máxime cuando los gobiernos, la justicia y los legisladores han sido refractarios al dialogo y a las reformas, para que la población pueda vivir con la dignidad y la autoestima que requiere el ser humano para existir como tal y no como animales. Es evidente que la solapada sordera oficial ante los reclamos sociales incentiva las respuestas violentas. Si algo permite constatar la historia reciente en este desbalanceado mundo globalizado, es la relación de que a mayor represión y a menor dialogo y soluciones de fondo, el umbral de tensión crece de forma explosiva. En el yesquero en que vivimos un alza, una arbitrariedad, un crimen social, una conversación filtrada, incluso un gesto de desprecio, es una chispa que puede provocar un incendio o una revuelta donde menos se piensa. Puerto Rico, Hong Kong, Paris, Cataluña, Chile, Bolivia, Ecuador, Irak, son evidencias palmarias donde el fuego no se pudo controlar. La sabiduría popular lo tiene claro: “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”. Colombia acaba de conmemorar doscientos años de independencia de España, pero la nación sigue atada ―sin opciones― al yugo de los poderosos.
Crisis de estado
Como de forma tan clara y contundente lo explica Bauman (Estado de crisis, 2016), el deterioro del Estado ante el prepotente poder de los agentes económicos y otros poderes supraestatales, lo ha llevado a perder (de sus dos poderes), la capacidad política de decidir qué cosas deben hacerse, y a solo mantener el poder de hacer determinadas cosas. Ello lleva a pensar que el Leviatán ha dejado de ser el soberano reinante que fue durante muchos siglos, para mutar en mandadero de quienes toman las decisiones cruciales (mercado, grupos financieros, fuerzas supranacionales) en el mundo sin fronteras que manipula la mano invisible. No es casual ―por lo mismo― que la primera reunión en medio de los fragores del Paro, haya sido con los empresarios y comerciantes, quienes al tenor de la crisis del Estado debieron recordarle al Presidente lo que tenía qué hacer: defender los intereses del mercado y del capital. Difícil, sino imposible pensar que un Estado tan menguado en su capacidad y en su credibilidad tenga claros los caminos para resolver los problemas que por años han agobiado a la nación colombiana y que, justamente, el Paro retoma y pone en lo alto de la palestra para que se discutan y resuelvan. Igual resulta obvio presumir que el Estado no podrá apartarse de la hoja de ruta trazada por quienes ejercen la capacidad política de decidir qué hacer, situación que en la práctica conlleva a que el Paro mantenga invariante su firmeza y sus reclamos. Pero el asunto se complica por cuanto la crisis estatal no es sólo la crisis del ejecutivo, es por igual la crisis del congreso, de la justicia, de los partidos políticos. Con esta premisa como antecedente las opciones provenientes de la institucionalidad estatal brillarán por su escasa credibilidad y por su levedad estructural, como se comprobó en los días críticos cuando el gobierno intentó aplacar los ánimos mediante improvisadas concesiones. La oferta oficial de tres días sin IVA para calmar al “pueblo”, resulta tan insulsa e irreverente como una propuesta de tres días sin fuego en el infierno a cambio de santificar los demonios.
La calle como laboratorio social
Por años y centurias la calle y la plaza pública han sido el espacio ―el ágora― para que el pueblo se desinhiba ante el poder y exprese libremente sus expectativas e inconformidades. El Paro Nacional permitió a la sociedad colombiana recuperar el protagonismo social y político del que la guerrilla se apropió durante más de medio siglo. La sociedad se reencontró como actor de primer orden y en medio del aparente caos de la movilización, de las voces y la diversidad, se reagrupó y reivindicó el derecho a la vida y sus demás derechos, sociales políticos y económicos. Gracias al Paro el movimiento social cambió de contenido, de protagonistas, de lugares y lenguaje, incubando un nuevo ethos, de valores, de prácticas políticas, de hábitos, de sensibilidades, de ética: de la confrontación armada en el campo y la montaña, se pasó al discurso, a la consigna, a la marcha en la ciudad; el enfrentamiento guerrilla-fuerzas estatales dio paso a la solidaridad entre estudiantes-trabajadores-artistas, campesinos, indígenas, desempleados, pensionados, amas de casa; de la toma del poder por la violencia de las armas, se pasó a la exigencia civilizada pero firme de la reforma estructural, del cambio y de la paz; el tableteó de las metralletas mutó en sones de tambores, de tiples y guitarras, y en cantos exultantes a la vida. El movimiento social venció la secular inercia e insensibilidad, y se reactivó mediante un flujo renovado de energías impulsado por la visión y el propósito innegociable de una Colombia democrática, igualitaria, justa y segura. La calle y la plaza desplazaron el claustro académico, el aula somnífera, la mesa sindical y el panfleto, convirtiéndose en un laboratorio social enriquecido por la sabiduría popular, por la fuerza de los sueños aplazados, por el replanteamiento de las viejas fórmulas y esquemas, por la energía de los jóvenes y por la belleza y el valor de la mujer.
Lo que debe venir
El paro y la movilización ciudadana en tanto opción civilizada del conflicto debe mantener la dinámica social participativa propositiva y pacífica, para que el Gobierno se siente a dialogar con los líderes del movimiento y empiece a atender los reclamos sociales. Frente a la incoherente y anti-histórica postura de quienes dicen que los problemas estructurales vienen de atrás y que no son culpa de este Gobierno, habrá que responder categóricamente que, sean cuales sean y vengan de donde vengan, deben empezar a tratarse y a buscarles soluciones porque están haciendo invivible a Colombia. No será fácil resolver, por ejemplo, el problema de la desigualdad económica y de la concentración de la riqueza, exigente de medidas fuertes y estructurales, teniendo en cuenta que Colombia es el segundo país más desigual en Latinoamérica y el séptimo en el mundo, y que la lógica del modelo económico vigente tiende a concentrar la riqueza en pocas manos y a empobrecer las mayorías. Pero si los negociadores del Estado se sentaron cinco años a dialogar con las FARC en busca de su desmovilización y de la paz ―lo cual fue un acierto― ¿por qué no hacerlo ahora con la sociedad en busca de la paz, del desarrollo y de la justicia social? Claro que habrá que cambiar de mentalidad y de paradigmas para lograrlo, empezando por aquel al que gobiernos y medios le hacen tanta promoción, de que a los ricos no se les pueden subir los impuestos porque son ellos con sus inversiones los que generan empleo, como si quienes trabajan no contribuyeran a producir riqueza; teoría y tabú desmentido desde hace años no solo por la cruda realidad del empobrecimiento sino por sobresalientes economistas entre los que cuentan los Nobel Stigliz y Krugman, y el francés Thomas Piketty, quien en la misma línea ―contra la desigualdad y la concentración― aboga por un impuesto mundial a la riqueza, por la mayor inversión en educación de calidad y por facilitar el acceso de un mayor número de personas a la universidad. ¿Qué hay soluciones? Claro que las hay. Todas legales. Por vías de la Constitución. Lo que resta superar es la falacia de que el mundo es sólo para el disfrute de la minoría archimillonaria, mientras el destino del pueblo es trabajar y empobrecerse pagando impuestos, para que los capitalistas incrementen sus fortunas.
A lo largo de los próximos meses el Paro deberá enriquecerse y reinventarse con nuevos espacios, con nuevos niveles de discusión y reflexión, sobre los tantos temas de la agenda nacional que deberá planteársele al Gobierno. Igualmente con estrategias lúdicas, con relaciones internacionales, con la participación de nuevos actores sociales. La idea es que mantenga la movilidad, la iniciativa, la dinámica, la innovación, para que la energía social fluya y se exprese creativamente. También a nivel regional y local valen las exigencias, las reivindicaciones y la reflexión sobre los problemas; como que es precisamente en los territorios allende ríos y montañas donde el Estado brilla por su ausencia y su incapacidad.
Eddie Polanía R.
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