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La Constitución española de 1978, establece que la forma de gobierno en España, es la Monarquía Parlamentaria. Monarquía significa que el jefe de Estado es un monarca, o sea, un rey que no es elegido popularmente, a diferencia de lo que pasa en una República, que es una forma de gobierno representativo donde el poder reside en el pueblo, personificado este por un jefe supremo llamado presidente, quien a su vez es jefe de Estado, jefe de Gobierno, y primera autoridad administrativa. Parlamentaria significa, en primer lugar, que el monarca o rey, reina, pero no gobierna, que traduce que no puede hacer las leyes, ni hacer que se cumplan, ni juzgar a las personas que no las cumplan, el rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica; en segundo lugar, significa que quien dirige el Estado es el Gobierno controlado por el Parlamento. Pues bien, en Colombia, a pesar de ser una república, sucede algo similar que en la monarquía parlamentaria, pero de facto, es decir, por obra y gracia de los inversionistas en la política, que incluye una fuerte y antidemocrática compra de votos y de líderes, además de otras actividades proselitistas delictivas, y como es lógico pensar, toda inversión debe ser recuperada y con alto rendimiento en la tasa de retorno, lo que hace que los candidatos que con estos apoyos lleguen, bien como gobernadores o alcaldes, es fácil deducir, que habrá de aplicarse en estos casos la lapidaria frase de que “el rey reina, pero no gobierna”. Los inversionistas de la política, asumen de facto el poder a través de su candidato apoyado, y son ellos y no los elegidos quienes directamente toman las decisiones y orientan la contratación, tanto de obras como de personal y compras; el gobernador o alcalde elegido, solo queda como el mayordomo de la finca, encargado solo del personal y de asistir a cuanta reunión corresponda, por aquello del cargo; queda como el capitán del equipo de futbol, solo con la cinta que lo distingue colocada en el antebrazo, pero quien orienta el juego, es el director técnico, que se encuentra al margen de la cancha, dando las instrucciones estratégicas y haciendo los cambios de jugadores, dependiendo como se vaya presentado la contienda. En estas condiciones, también los secretarios de despacho nombrados, quedan sujetos a estas órdenes e instrucciones, que en muchas ocasiones lindan con el Código Penal, y ponen en riesgo su futuro. Cuando el Rey cae, también caen varios de sus más inmediatos colaboradores, pero los inversionistas de la política, en la mayoría de los casos, pasan inadvertidos. Con todo, albergamos la esperanza que con tantas y desafortunadas experiencias, los próximos cuatro años, no se vean teñidas de corrupción y de privaciones de la libertad.
