Autor : Maria Angélica Molina Martínez
Los ciudadanos se mostraron inconformes el Día sin carro y sin moto por la cantidad de partículas tóxicas que emiten los vehículos de transporte público.
Estudiantes de la CUE Alexander von Humboldt descubrieron que “la Corporación lleva incumpliendo la norma desde hace 10 años, y su excusa siempre ha sido decirles a las personas que no tienen los equipos disponibles para ejecutar la labor”.
El Consejo de Estado, una de las altas cortes del país, emitió un fallo en segunda instancia a favor de una acción popular presentada por Sebastián Peláez Uribe, estudiante del programa de Derecho de la Universidad von Humboldt, el cual obliga a seis entidades públicas del departamento del Quindío a implementar medidas para proteger un ambiente sano en beneficio de todos los quindianos.
El fallo confirma que la Corporación Regional del Quindío, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, y los institutos municipales de tránsito de Armenia, Calarcá, La Tebaida y Quimbaya deben realizar acciones específicas para salvaguardar el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, tal como lo establece la Constitución.
Sebastián Peláez Uribe comentó sobre el origen de esta acción legal: “Todo esto se deriva de una práctica realizada en la Universidad, donde hicimos el seguimiento de una noticia sobre la contaminación ambiental en el departamento. Con esto, encontramos que no se realizan operativos de control de contaminación para los vehículos. Ahora, estas entidades deberán arreglar los equipos de medición para posteriormente constantemente hacer estos operativos de control, beneficiando el ambiente y la salud de todos los quindianos”.
Este fallo representa un paso significativo en la protección del medio ambiente en el Quindío y subraya el impacto positivo que las iniciativas académicas pueden tener en la sociedad.
“Nosotros somos el departamento con mayor índice de muertes por enfermedades respiratorias, así que teniendo esto en cuenta, empezamos a mandar derechos de petición a todas las entidades porque se supone que aquí deben haber unos medidores de aire que son los que indican la calidad del aire en las ciudades, y descubrimos que aquí esos medidores están dañados”, explicó Peláez Uribe.
“Aunado a esto, hay unas normas del 2008 que obligan a hacer los operativos de emisiones de fuentes móviles, que son las que regulan los vehículos chimenea y están a cargo de la CRQ”.
El estudiante y sus compañeros descubrieron que “la Corporación Autónoma lleva incumpliendo la norma desde hace 10 años, y su explicación siempre ha sido decirles a las personas que no tienen los equipos disponibles para ejecutar la labor”.
Por lo anterior, hacia el 2019 el joven y sus compañeros interpusieron la primera Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del Quindío TAQ para denunciar la problemática que encontraron en la CRQ.
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Seguimiento de la orden
Para el 30 de mayo está programada una nueva audiencia con el fin de verificar si la CRQ está ejecutando el dictamen del órgano jurisdiccional. “Esperamos que ahora en el presupuesto de la segunda mitad de año la Corporación compre o alquile los equipos y haga las contrataciones respectivas para poder empezar a llevar a cabo los operativos de fuentes móviles con los que verifican las partículas emitidas por los vehículos para inmovilizar los que no cumplan con la normativa.
Esta noticia se conoció en el marco del Día sin carro y sin moto, en el que diferentes ciudadanos se mostraron inconformes ante la emisión de gases por parte de los vehículos de transporte público, de los pocos que podían circular en las calles de la ciudad, ya que incluso uno de ellos al parecer tuvo una afectación que lo hizo eliminar grandes cantidades de humo a su paso.
El ejercicio de realizar una Acción Popular
Las facultades de la von Humboldt tienen como ejercicio realizar proyectos nucleares en cada uno de los semestres, el decano de la facultad de Derecho manifestó que en el caso de este programa en el tercer semestre los estudiantes deben realizar una Acción Popular.
“A final de semestre se identifican aquellos proyectos que tienen un mayor impacto y en cuarto semestre el estudiante se involucra en una estrategia que tiene el programa, denominada Litigio estratégico para llevar a cabo la materialización de ese buen trabajo, entonces en este semestre el estudiante se dedica a la construcción de la Acción Popular que él mismo va a presentar”.
Uno de los propósitos de llevar a cabo el ejercicio es generar un impacto social, ya que las Acciones Populares atienden derechos colectivos, y a medida que los fallos sean favorables a la comunidad se produce el impacto positivo para la comunidad.
