El presidente Gustavo Petro también resaltó la gravedad de la situación y la necesidad de una reforma profunda en la gestión de los recursos de salud.
La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camacho, anunció la apertura de una investigación preliminar en relación con el presunto desvío de fondos por valor de nueve billones de pesos destinados a la atención en salud. Estos recursos, provenientes del Estado y manejados por diversas Entidades Prestadoras de Salud (EPS), se sospecha que han sido utilizados para fines distintos a los establecidos.
Los hechos investigados involucran a 18 EPS y corresponden a los años 2020 y 2021, durante los cuales se habría malversado el dinero asignado a través de la Unidad de Pago por Capitación UPC, un sistema diseñado para la distribución equitativa de recursos según el número de afiliados que maneja cada EPS.
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La fiscal general Camacho, tras una reunión clave con Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones, y otros altos funcionarios, ha ordenado la formación de un equipo especializado. Este grupo incluirá fiscales, expertos financieros y peritos en criminalidad organizada y seguridad territorial. El propósito es realizar un análisis exhaustivo de los informes entregados por la Contraloría que detallan los posibles manejos indebidos de fondos.
En la práctica, las irregularidades reportadas incluyen el uso de fondos de la UPC para pagos no autorizados, tales como la adquisición de inmuebles, honorarios personales y gastos de infraestructura, actividades todas ajenas a los servicios médicos que deberían financiar. Además, se mencionan prácticas de integración vertical que podrían haber facilitado la transferencia indebida de recursos a clínicas asociadas a las mismas EPS, en detrimento del servicio a los afiliados.
El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, también ha hecho referencia a estos desvíos, calificándolos de "robo" tanto al ciudadano que paga medicina prepagada como al Estado. Las declaraciones del mandatario subrayan la gravedad de la situación y la necesidad de una reforma profunda en la gestión de los recursos de salud.
La fiscalía, junto con la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, ha prometido una acción conjunta y decidida para seguir la pista de estos recursos y esclarecer las irregularidades. Esta investigación no solo busca responsabilidades y posibles sanciones sino también implementar medidas para prevenir futuras malversaciones que comprometan la integridad del sistema de salud en el pais.
