Autor : Daniel Alejandro Restrepo Tabares
La medida entró en vigencia hace pocos días, sin embargo, serán los próximos mandatarios los que deberán decidir si adoptan o no la reglamentación para reabrir las plantas o construir nuevas.
Mediante estrictas medidas sanitarias, los campesinos podrán volver a comercializar sus productos cárnicos y competir en el mercado de los frigoríficos.
Hace pocos días el presidente Gustavo Petro autorizó la reapertura de las plantas de beneficio animal en los municipios como medida para disminuir los costos de la carne y ayudar a los pequeños comercializadores a ser competitivos en el mercado.
Fue así como el ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 2016 de 2023 que reglamenta el funcionamiento de las plantas de beneficio animal en la categoría de autoconsumo, los cuales deberán tener viabilidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para abastecer de carne a los consumidores.
“La reapertura de los mataderos municipales permite que los campesinos puedan volver a comercializar sus productos y competir con los monopolios de los frigoríficos, que han elevado el precio interno de la carne”, indicó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
Manifestó que también se reducirán los costos de traslado del ganado, se mitigará el flagelo del abigeato y se evitará el sacrificio de animales en potreros que no tienen ningún control. El ministro Jaramillo advirtió que estos centros de sacrificio deberán cumplir con las condiciones de buena atención y salubridad que serán exigidos por las autoridades sanitarias.
“Junto con el Invima vigilaremos y controlaremos estos centros de sacrificio para que funcionen con todos los reglamentos y condiciones sanitarias que exige la salud pública”, enfatizó. El ministro de Salud destacó recientemente que la medida responde a una promesa de campaña del hoy presidente Gustavo Petro, al permitir de nuevo el funcionamiento de los centros para el sacrificio de ganado y comercialización de cárnicos, bajo el control estricto del Invima.
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Decisión de mandatarios
Frente a esta decisión de reabrir las plantas de beneficio animal, NUEVA CRÓNICA QUINDÍO consultó a representantes del sector ganadero del departamento para conocer sus opiniones frente al decreto presidencial. Julio César Cortés Pulido, secretario de Agricultura del Quindío, dijo que este tema debe ser analizado por el gobernador electo Juan Miguel Galvis, los alcaldes electos y demás autoridades relacionadas dado que existen temas financieros que hacen costosa la reapertura de las plantas de beneficio.
Por su parte Jorge Ómar Tejada Galvis, director ejecutivo del Comité de Ganaderos del Quindío abordó la complejidad del proyecto desde diversas perspectivas, señalando que cada municipio, con su respectivo alcalde, debe realizar un análisis exhaustivo.
Destacó el aspecto económico, enfatizando que la inversión en estas plantas es significativa y depende del retorno económico. Además, hizo hincapié en la necesidad de cumplir con las normativas actuales para garantizar la inocuidad de la carne y la gestión ambiental de los residuos generados por estas plantas.
“Es un proyecto que requiere un análisis detallado. Un alcalde deberá asesorarse para determinar la inversión necesaria y, crucialmente, identificar la fuente de recursos, ya sea del presupuesto nacional o de recursos propios municipales”, señaló Tejada Galvis.
El líder gremial también abordó la ley de oferta y demanda, argumentando que una mayor oferta en el servicio de faenado generará competencia y, en última instancia, reducirá los costos para el consumidor final. “Cumplir con las normativas y abordar los desafíos financieros y medioambientales será clave. La competencia podría mejorar la competitividad y los precios”, argumentó.
Por otro lado, Fáber Buitrago Patiño quien también pertenece al sector ganadero del departamento consideró la medida como un retroceso, especialmente en términos de trazabilidad de los animales. Destacó la centralización de las plantas de sacrificio como una garantía para el seguimiento desde el potrero hasta la planta, asegurando la salud y bienestar animal y proporcionando cierto grado de inocuidad al consumidor.
“Creemos que es un retroceso en la trazabilidad. La centralización garantiza seguimiento desde el potrero, brindando seguridad en salud animal y bienestar”, manifestó. Buitrago Patiño argumentó que atomizar las plantas de sacrificio puede afectar la economía de escala. Propuso mejorar los canales de distribución de las plantas centralizadas para garantizar economías de escala, rapidez en la entrega y, finalmente, precios más accesibles al consumidor.
Ambos líderes coinciden en la importancia de garantizar la inocuidad y la salud animal, pero difieren en sus perspectivas sobre cómo lograrlo. Mientras Tejada Galvis ve oportunidades en la competencia y la oferta, Buitrago Patiño aboga por fortalecer las plantas centralizadas para mantener la trazabilidad y la eficiencia económica.
