Autor : David Salazar
“Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad”, señaló el fiscal General.
Las más de 40 acciones investigativas dispuestas por la Fiscalía General de la Nación, FGN, fueron determinantes para poner en evidencia a los 7 soldados regulares, adscritos al Batallón de Alta Montaña General Urbano Castellanos Castillo, Bamur #5, del Ejército Nacional con sede en Génova —Quindío—, que servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo de Pereira, y quienes aceptaron haber participado en la violación de una preadolescente indígena de 13 años, en zona rural del corregimiento Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
En audiencia de imputación de cargos, los militares admitieron el crimen y un juez penal promiscuo municipal, con funciones de control de garantías los envió a una guarnición militar, ante la solicitud de medida de aseguramiento en centro de reclusión.
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“En menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades, y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”, precisó el fiscal general de la nación Francisco Barbosa Delgado.
“Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad”, señaló el fiscal General.
