Autor : Fabián Camilo Plaza
Algunos alcaldes solicitaron más recursos para garantizar el transporte escolar durante todo el calendario académico.
Luego de haber realizado un comité de seguimiento en la gobernación del Quindío, se pactaron compromisos entre Procuraduría, gobernador y mandatarios de los 11 municipios.
Una vez realizado el comité de seguimiento en materia de educación, en el que participaron los alcaldes de los municipios del departamento, la Procuraduría General de la Nación, PGN, y la secretaría de Educación departamental, se evaluó la situación del Plan de Alimentación Escolar, PAE, y el transporte escolar.
El ente de control dio a conocer algunas observaciones levantadas en campo, para que de ese modo se empiecen a generar planes de mejoramiento en esos aspectos de la educación para los quindianos para la vigencia 2023.
“Se habló del tema del menaje de los restaurantes escolares, platos, pocillos, cubiertos, neveras, ollas y otros elementos. Este es un componente que no le corresponde a la secretaría de Educación departamental, pues nosotros nos encargamos de garantizar la prestación del servicio de la alimentación y son las alcaldías y las instituciones educativas por medio de fondos educativos las que deben garantizar el otro 50 %”, explicó la secretaría departamental de Educación, Ana María Giraldo Martínez.
La funcionaria añadió que el balance es positivo toda vez que algunos alcaldes dieron cuenta de los elementos que han adquirido, los recursos que ya tienen viabilizados para el primer semestre del otro año y sus compromisos para la vigencia 2023.
“Para la prestación del PAE ya hay asegurados cerca de $14.000 millones, en una bolsa en la que la administración departamental aporta $5.000 millones y la Unidad de Alimentos para Aprender -UAPA- ha destinado $9.300 millones más”, aseveró Giraldo Martínez.
Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo, alcalde del municipio de Montenegro, expresó: “Acudimos al llamado que hizo la Procuraduría, que convocó a todos los alcaldes del departamento para hablar de cómo están las instituciones educativas y cómo nos estamos preparando para recibir a nuestros jóvenes el próximo año en los restaurantes escolares, cómo estamos en materia de transporte escolar, porque nuestros estudiantes tienen muchos requerimientos”.
Agregó que desde su administración se han adquirido neveras, enfriadores, congeladores, ollas a presión y demás elementos necesarios para el funcionamiento del PAE. “Los llamados de la Procuraduría son muchos, porque son grandes las necesidades, en ese sentido lo que nos comprometimos como municipio es hacer todo un esfuerzo para que, en conjunto con la gobernación, los recursos que nos asignaron, y el convenio firmado, podamos realizar obras de infraestructura en las instituciones educativas”.
El mandatario de Buenavista, Alexis Gómez Gómez, indicó: “En la actual vigencia hicimos una inversión importante para menaje y recuperación de infraestructura educativa, de las 15 instituciones educativas que tenemos en el municipio, solo sobre 3 se presentaron observaciones sobre estufas, menaje, neveras y arreglos generales en instalaciones por parte de la Procuraduría, las cuales debemos atender”.
Luis Alberto Balsero Contreras, alcalde del municipio de Calarcá, apuntó: “Por parte de Calarcá se dejaron claros algunos temas, como por ejemplo que la contratación del PAE y transporte escolar se debe iniciar lo más pronto posible en el departamento, pero hay que tener presente que estos procesos tienen que estar de la mano con el cierre de matrículas en las instituciones educativas, porque al adelantar un proceso y dejar niños por fuera ameritaría una acción de tutela por parte del menor que se quede por fuera”.
Sostuvo además que para la prestación del PAE en la vigencia 2023 se concertó realizar una bolsa, en donde todos los municipios deben realizar sus aportes y posteriormente la secretaría de Educación lleve a cabo la contratación.
Juan Camilo Pinzón Cuervo, alcalde del municipio de Pijao, explicó que el plazo para cumplir con todas las observaciones que realizó la Procuraduría es hasta el 10 de enero del 2023. “En esa reunión, uno de los puntos más relevantes es que el señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas se comprometió a elevar una solicitud al gobierno nacional para que retorne la dirección del PAE por parte del ICBF, pues son ellos quienes tienen la experiencia y manejan de manera adecuada la prestación del servicio”.
Andrea del Pilar Gamboa Céspedes, enlace municipal de educación de La Tebaida, concluyó: “En el caso del municipio de La Tebaida, durante la vigencia 2022, nosotros entregamos menaje a las instituciones educativas, sobre todo en electrodomésticos, en lo que respecta a la adecuación de la infraestructura de los restaurantes escolares, la administración publicó una licitación de obra pública que en estos momentos está en página y no hemos adjudicado, y por medio de la cual se van a intervenir todas las instituciones del municipio, dando respuesta, además, a las observaciones de la seccional de salud”.
Jorge Eduardo Herrera Ramírez, secretario de Servicios Sociales del municipio de Salento, precisó que de los hallazgos por parte de la Procuraduría, ninguno es de Salento. “Tenemos el caso del Liceo Quindío, una institución nueva, donde esperamos que el próximo año inicien los preparados en sitio dentro de la institución y para ello el gobierno departamental se ofreció a entregar la dotación necesaria para el restaurante escolar.
Transporte escolar
El comité de seguimiento convocado por la Procuraduría no solo abordó aspectos de la alimentación escolar, también el transporte y la infraestructura escolar hizo parte de la agenda.
“En cuanto al transporte, desde la administración departamental se ha venido trabajando en la cofinanciación que, de acuerdo con la ordenanza, debe aportar el 30 % del valor total. Pero hay que subrayar que esto es solo para los estudiantes de la media y la técnica, no para primaria ni básica secundaria. Sabemos que es una carga para las administraciones municipales pero la gobernación no puede ir más allá de lo que la ordenanza le permite”, añadió Giraldo Martínez.
El mandatario del municipio de Calarcá señaló que en materia de transporte escolar están trabajando sobre el recurso que tienen destinado para hacer la contratación necesaria en el menor tiempo posible, a pesar que el recurso es poco. “Una de las peticiones que se realizó a través de la alcaldía de Calarcá tiene que ver con los municipios del departamento que están en quinta y sexta categoría, tienen dificultades con el transporte escolar, durante el desarrollo del calendario escolar y los meses del año correspondientes, pues son pocos los recursos que se tienen versus el alto costo del mismo, por ende nosotros ya habíamos solicitado buscar algunas alternativas que permitan garantizar el transporte durante todo el año”, indicó Balsero Contreras.
Jaime Franco Alzate, alcalde del municipio de Filandia, señaló: “En lo que respecta al transporte escolar, el municipio de Filandia siempre ha garantizado el mismo. Desde que iniciamos la alternancia y la permanencia, podemos decir que no le hemos fallado un solo día a los estudiantes filandeños, así lo hicimos en el 2021, en el 2022 y tenemos el recurso destinado, al menos, para cubrir el primer semestre del 2023. Al municipio de Filandia le cuesta diario $3 millones, costos muy altos que necesitan del giro que hace la administración municipal”.
“El transporte escolar es un tema complejo en el municipio de Córdoba, a nosotros nos está costando aproximadamente $1.200.000 diarios, la gobernación nos ha aportado un recurso muy pequeño, pues del Sistema General de Participaciones, SGP, a nosotros nos llegaron alrededor de $55 millones en la vigencia 2022, recurso que se queda corto para atender el transporte, servicios públicos, mantenimiento de sedes educativas y el año del transporte escolar en este año costó $200 millones”, explicó el secretario de Gobierno del municipio de Córdoba.
Llamó la atención de las personas que residen en las veredas para que los padres matriculen los niños en las sedes rurales, para disminuir gastos y más en tema de transporte y que así no se tenga que cerrar ninguna de ellas por falta de estudiantes.
“Frente a las necesidades actuales de la infraestructura, esto se deriva del deterioro generado por dos años en los que los restaurantes escolares no funcionaron, al limitarse el servicio a la entrega de raciones para preparar en casa como alternativa para la época de aislamiento originada en la pandemia. En 2020 y 2021 no se utilizaron estos equipos, y si a esto le sumamos el impacto de la ola invernal en cubiertas y paredes, se hacen necesarias intervenciones”, añadió la secretaria de Educación departamental.
Señaló la funcionaria que en el caso de las administraciones municipales ya se ha avanzado en la resolución del problema. Montenegro, por ejemplo, firmará un convenio con Proyecta por alrededor de $400 millones para atender desde el mes de diciembre lo referente, así como otras necesidades en mejoramiento de vivienda y vías, mientras que Buenavista avanza con respuestas a algunas humedades reseñadas por el ente de control.
