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Mañana se cumplen 24 años del terremoto ocurrido en el Eje cafetero, el cual afectó mayormente a Armenia y al Quindío, lo que me conduce a la formulación de varios interrogantes relacionados con la gestión de riesgos de desastres -GRD-, la capacidad de respuesta de los organismos de socorro, la cobertura en la atención médica en caso de una contingencia similar, y los avances en la estructuración de una cultura de la prevención; y las respuestas son desalentadoras. Es claro que los mandatarios de ese tiempo, los organismos de socorro y la comunidad en general no estaban preparados para responder eficazmente a una tragedia de esas características por su letalidad; además porque las construcciones en su mayoría no contaban con los parámetros sismorresistentes y algunas estaban ubicadas en zonas con topografía inadecuada por la calidad de los suelos, que, si bien, habían soportado varios movimientos telúricos, esos fueron de otro tipo. Lo más grave en su momento fue que, pese a que los doce municipios quindianos registran la presencia de fallas tectónicas, siendo las de mayor actividad las de Romeral, Armenia, Navarco, el Danubio y Silvia en Pijao; la ocurrencia de un sismo de esa magnitud, con sus devastadores resultados no estaba en el imaginario de ninguno en ese entonces; sin embargo, cinco lustros después, a excepción del sector de la construcción que cuenta con normativa para construcciones sismorresistentes, es muy poco lo que se ha avanzado en otros temas asociados a las invasiones, pues la mayoría de quienes invaden no tienen conocimiento del grado de vulnerabilidad que representa improvisar viviendas en terrenos inadecuados, igual ocurre con propietarios de casas y apartamentos que realizan modificaciones sin el control normativo a sus predios, convirtiéndolos en trampas mortales. Colombia posee una fuerte presencia sísmica, en especial el Quindío por su cercanía con la cordillera Central y la presencia de fallas tectónicas, además las dinámicas mostradas por el Cerro Volcán Machín, lo convirtió en una nueva y aterradora amenaza de desastre, que demanda mayor atención. Es evidente que los estudios de las fallas activas son prolongados y costosos, pero eso no significa que los mandatarios no los puedan incluir en sus agendas de gobierno, teniendo en cuenta que puede volver a suceder un episodio similar al del 99, lo que desataría consecuencias más graves, por el crecimiento exponencial de construcciones en el departamento. La gestión del riesgo de desastres debe ser prioridad, para los gobernantes actuales y los que sean elegidos el 29 de octubre, pues la planeación territorial no se puede articular sin una clara política pública de GRD, lo que supone complejos procesos sociales, culturales y adaptativos, necesarios para el desarrollo de ciudades más seguras y sostenibles; en ese contexto la gestión del riesgo de desastres por su dinámica social involucra a los organismos institucionales públicos y privados y a la academia; la Ley 1523 de 2012 establece que todas las entidades tienen responsabilidad en la formulación, planificación y ejecución de los programas de GRD en cada territorio. Si los mandatarios desdeñan la amenaza sísmica y no se alían con las universidades y los gremios es otra discusión.
