Pendientes

Más de dos meses después del terremoto del 10 de agosto, Armenia no sabe todavía cuántas de sus edificaciones deben ir al suelo. La ciudad conoce la dimensión del golpe (más de 25.000 personas y cerca de 5.000 viviendas afectadas) y el costo de levantarse: $1,5 billones, según el alcalde James Padilla García. Falta el dato que une ambas cifras y permite pasar del diagnóstico a la decisión sobre cada inmueble. La Alcaldía avanza en un convenio con la Universidad del Quindío para que el programa de ingeniería civil evalúe las estructuras y entregue un número real. La decisión es sensata; la tardanza en concretarla, no.

Quimbaya, el municipio quindiano más golpeado, empezó el 27 de agosto con el edificio Salazar y, a partir de los diagnósticos de un grupo de ingenieros contratado por la administración, avanzó sobre las seis edificaciones del centro con orden de demolición. Montenegro, el segundo más afectado, adelanta más de 90 derribos controlados, y el viernes 9 de octubre comenzó a caer el edificio donde funcionaban la discoteca Furatena y Musicafé Expresso. Ambos municipios cuentan con menos recursos y menor músculo administrativo que la capital quindiana, y aun así actuaron primero.

En Armenia, algunos propietarios y administraciones, como las del Parque Residencial Las Veraneras y otros inmuebles de la calle 10 norte, pagaron por su cuenta los estudios que derivaron en el desalojo. Quienes no pueden costearlos permanecen en la incertidumbre: ignoran si su casa admite un reforzamiento o si deben abandonarla. El registro para los primeros beneficios identifica, por ahora, a unas 639 familias, una cifra modesta frente a las viviendas afectadas.

El municipio destinó $35.000 millones a la emergencia, entre ellos cerca de $2.000 millones previstos para los artistas del 137.º aniversario de la ciudad. Renunciar a las fiestas fue acertado, como lo es la insistencia del alcalde en articularse con las entidades nacionales para que los subsidios lleguen sin errores.

Corresponde ahora convertir esas intenciones en plazos. El convenio debe firmarse cuanto antes y acompañarse de un cronograma público, con prioridad para los sectores de mayor riesgo y criterios claros para decidir entre demoler y reforzar. La ciudad se levantó tras el sismo de 1999, sabe que la confianza se construye con información oportuna, pero, sobre todo, con acciones comprobables.