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La violación y muerte de la mujer de 72 años en Nariño exige justicia, no puede seguir prevaleciendo la impunidad.

Doña Blanca tenía 72 años, seis hijos y un machete en la mano cuando salió a recoger leña la mañana del 24 de agosto en una vereda de San Bernardo, Nariño. Su hija Jenny la buscó y la encontró desnuda, fría e incapaz de pronunciar palabra. En el hospital del pueblo, los médicos confirmaron que fue violada; murió el 29 de agosto. Más de un mes después, su familia aún espera el dictamen de Medicina Legal y no conoce avances en la investigación de la Fiscalía.

En lo corrido de 2026, Medicina Legal practicó 92 exámenes por presuntos delitos sexuales contra mujeres mayores, frente a 70 en el mismo periodo del año anterior. La misma semana en que el caso de Blanca se volvió viral, salió a la luz el de una mujer de 70 años de San Vicente de Chucurí, Santander, agredida sexualmente y abandonada durante horas; allí, las cámaras de vigilancia permitieron capturar ese mismo día a un presunto agresor. Entre tanro, en San Bernardo, la pregunta de sus hijas sigue sin respuesta: quién lo hizo.

La vejez de muchas mujeres en Colombia acumula enfermedades, dependencia económica y emocional, miedo a las represalias y, en el campo, aislamiento. A ese cuadro se suma la impunidad. Según Sisma Mujer, más del 90 % de los casos de violencia sexual denunciados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2025 permanecen sin sanción.

La conmoción que despertó la historia de Blanca puede durar lo que dura una tendencia en redes, y ese olvido sería una segunda forma de abandono. Sus hijos acudieron a los medios nacionales porque, según dicen, no encontraron apoyo del Estado, una circunstancia que retrata la distancia entre las instituciones y las veredas de Nariño.

La Fiscalía puede priorizar el caso y asignarle un equipo especializado; Medicina Legal, entregar el dictamen sin más demoras; la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de San Bernardo, acompañar a la familia con atención psicológica y jurídica. A más largo plazo, la política de género necesita reconocer la vejez como un eje propio, con rutas de protección para las mujeres mayores que viven solas o dependen de otros en el campo. Blanca trabajó hasta sus últimos días. El país le debe la verdad sobre su muerte y la garantía de que su nombre sirva para proteger a otras.

 


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