Pendientes

En 1999, cinco días después del terremoto que devastó Armenia, el Eje Cafetero ya contaba con el Forec, el fondo que financió su reconstrucción. En 2026, tras el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto, su heredero, el Fondo Milagro, tardó un mes en nacer por decreto y casi dos en contar con la fiducia que lo pone en marcha. Una investigación de la revista Cambio, que el propio Ministerio de Hacienda corroboró, reveló que el contrato de fiducia mercantil seguía sin firma hasta hace una semana. Después de esa publicación, el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que la fiducia quedó constituida y que la fiduciaria podrá empezar a disponer de una primera partida de $1 billón. El presidente Abelardo de la Espriella lo ratificó ayer desde Pereira.

Es una buena noticia, pero no conviene confundir el trámite con la reconstrucción. Que la fiduciaria pueda disponer de los recursos no significa que estos hayan llegado a los municipios. El Gobierno debe aclarar, además, qué relación hay entre esa primera partida y los $624.600 millones que, según Cambio, estaban asignados y aún no se transferían a las regiones. Y buena parte del dinero restante todavía no está asegurada. Los otros $2,7 billones, cuya contratación el Gobierno anuncia para noviembre, dependen de que el Congreso apruebe el proyecto con el que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, busca modificar el Presupuesto General de 2026 para atender tanto el terremoto. El aporte privado llegará sobre todo por Obras por Impuestos, con un cupo de $211.000 millones cuyo uso depende de que las empresas decidan participar.

La constitución de la fiducia tampoco responde a las preguntas que diputados y representantes de la sociedad civil plantearon en la Asamblea Departamental, durante un debate dedicado a la reconstrucción, que se efectuó la semana pasada: qué pasará con las viviendas, los hospitales, los colegios, el comercio y el tejido social. Allí, las respuestas no llegaron. Varias de las instituciones llamadas a informar no asistieron, y tampoco lo hizo la gerente regional del Fondo Milagro, Luz Clemencia Mejía Mejía, invitada a presentar su plan de acción para el Quindío. Hay familias que viven todavía en carpas y otras que esperan saber si sus casas son habitables.

Esas familias forman parte de los 74.298 damnificados que el sismo dejó en el Quindío, donde murieron tres personas y 315 resultaron lesionadas. Medir la tragedia por sus víctimas mortales equivale a ignorar 3.3088 viviendas destruidas y 18.294 averiadas —5.073 de ellas en zonas rurales—, 11 instituciones educativas destruidas y 187 averiadas, y los daños en 29 hospitales y en 68 puentes y vías.

De la Espriella asumió el cargo tres días antes del terremoto y enfrenta una crisis fiscal que él mismo calificó como la más compleja de la historia republicana. Esas circunstancias explican la dificultad de la tarea, pero no justifican que el Quindío siga sin una hoja de ruta pública.

Del debate en la duma nació una red de veedurías que busca extenderse a todo el departamento, a partir de las ya constituidas en Quimbaya, Montenegro, Calarcá, Buenavista y Córdoba, para acompañar el proceso y señalar las irregularidades que detecte.

Esa vigilancia necesita, del otro lado, un Estado que rinda cuentas. El Ministerio de Hacienda debe informar qué fiduciaria administrará los recursos y publicar el contrato; el Fondo Milagro, presentar un cronograma por municipio, con fechas de desembolso y metas en vivienda, salud, educación e infraestructura. El gerente del Fondo, Jaime Andrés Uribe Tamayo, y su gerente regional deben, además, comparecer ante la Asamblea y abrir sus cifras a las veedurías. Hace 27 años, el Quindío demostró que sabe levantarse de los escombros. Lo hará de nuevo si el Gobierno nacional cumple su parte a tiempo.